Cero Grados.-La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y el XXll Ayuntamiento de Tijuana firmaron un convenio de colaboración en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.
La Ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez informó que el principal objetivo de este convenio es la prevención de violaciones a los derechos humanos en el Ayuntamiento de Tijuana, relacionados con el derecho a la seguridad ciudadana; así como acciones de capacitación, seguimiento a Quejas, seguimiento a Recomendaciones y seguimiento a los Exhortos que ha emitido la Defensoría al Gobierno Municipal.
La Presidenta de la CEDHBC subrayó la importancia de entender que los derechos humanos son la única forma de relación que puede existir entre las autoridades y las y los ciudadanos. “Con la firma de este convenio asumimos el compromiso de incidir en mejorar la vida de las y los tijuanenses”.
Olvera Rodríguez enfatizó que es de gran relevancia trabajar de la mano no sólo la CEDHBC y el Ayuntamiento, sino con comités ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, para prevenir que en Baja California se violenten los derechos humanos.
Por su parte, el Presidente Municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, aseveró que “respetar la ley lleva implícito el respeto a los derechos humanos. El conocimiento de los derechos humanos, el conocimiento de su respeto representa para cualquier autoridad una obligación, y el cumplir esta obligación nos legitima en nuestro actuar. El convenio viene a afianzar la ética y la profesionalización en el quehacer de nuestros policías y en beneficio de quienes habitamos y transitamos nuestra ciudad”.
Asimismo, Marco Antonio Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública Municipal, afirmó que el respeto a los derechos humanos y la legalidad en las actuaciones de la Policía es primordial. “Las instituciones públicas tenemos la obligación de actuar sin vulnerar la esfera de los derechos humanos que protege a la ciudadanía de actos arbitrarios. No podemos poner como pretexto dar resultados en materia de seguridad, vulnerando los derechos de la persona, vulnerando la dignidad de la persona humana”.
Melba Adriana Olvera Rodríguez, apuntó que en las capacitaciones que impartirá la CEDHBC a personal de la SSPM se hablará de “las obligaciones constitucionales que el primer capítulo de la Carta Magna deja muy claro para las y los servidores públicos. Las obligaciones, tanto generales como específicas, de promover, de proteger, de defender los derechos humanos. Cada persona que acepta incluirse en el servicio público, está aceptando obligaciones generales y también específicas incluyendo prevenir violaciones a los derechos humanos”.
En ese sentido, añadió que “muchas veces no se conocen estas obligaciones, sin embargo, no conocerlas no nos exime de la responsabilidad de cumplirlas. Llevar un resultado positivo en corto tiempo en cambiar la cultura de las instituciones”.
Agregó que “vamos a abordar temas muy puntuales como el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad pública; la prevención de la tortura; de los tratos crueles, inhumanos y degradantes; de hechos violatorios que se presentan en nuestro país, como las detenciones ilegales y las detenciones arbitrarias. Vamos a hablar de la seguridad ciudadana con perspectiva de género, multuculturalidad, interculturalidad, con perspectiva de derechos humanos que incluye trabajar con atención prioritaria a los grupos en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad; las personas adultas mayores; los niños, las niñas, los adolescentes; las personas que pertenecen a una comunidad indígena; las personas en situación de calle; las personas que viven en un contexto de mayor marginación económica; las personas privadas de la libertad; los que pertenecen a la comunidad LGBTI o las personas que viven con VIH”.
La Presidenta de la CEDHBC mencionó que la Seguridad Ciudadana es una situación social tendiente al bienestar de las y los ciudadanos, entendiéndose como la ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado garantice que el desempeño de los cuerpos de seguridad se desarrolle con una perspectiva de derechos humanos, a través de la preservación de las libertades del individuo.
“Hablar de derechos humanos y seguridad ciudadana implica hablar de corresponsabilidad social, implica entender que los grupos en situación de la población de mayor vulnerabilidad, tienen que estar en igualdad de circunstancias para garantizar su derecho a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana implica que los gobiernos a partir de las instituciones propias lleven a cabo su tarea en materia de seguridad. Seguridad ciudadana implica que las y los ciudadanos cambiemos la forma de actuar”, recalcó la Ombudsperson.
La firma de este convenio contó con la presencia de la Directora General de la Unidad Jurídica de la CEDHBC, Viviana Pérez Colindres; la Presidenta del Patronato DIF Tijuana, María Dolores Rivera; el Presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante, Carlos Mora; el Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Vicente Jiménez Ocegueda; el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Genaro de la Torre, entre otras autoridades y miembros de la sociedad civil.
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