Cero Grados.- Las diputadas de la Vigésima Segunda Legislatura, Mónica Hernández Álvarez “La Chula” e Iraís Vázquez Aguiar, acudieron al encuentro celebrado en San José, Costa Rica, para participar en la reunión convocada por la procuradora general de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, al Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIPR).
Las legisladoras formaron parte de la delegación Baja California que acudió a esta reunión, cuyo objetivo fue realizar un intercambio de información con los integrantes del IIPR de aquel país, con la finalidad de aplicar en el Estado las experiencias positivas de los costarricenses y, a su vez, dar a conocer lo propio en el tema de Justicia Alternativa Penal.
La escuela Liceo San Rafael, ubicada en la ciudad San Rafael de Alajuela, fue la sede en donde se sustentó una conferencia relacionada con los métodos de la aplicación de los círculos restaurativos que llevan a cabo tanto docentes como estudiantes.
Junto con las diputadas panistas acudieron a la citada reunión la procuradora general de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra, la directora del Sistema Estatal de Justicia Alternativa, María Luisa García Serrano y las facilitadoras en materia penal.
Sobre el particular, las diputadas bajacalifornianas expresaron que este tipo de reuniones enriquecen los conocimientos que tienen sobre el tema y que, a la postre, se podría aplicar en beneficio de la ciudadanía convertidos en reformas.
El contingente bajacaliforniano fue recibido en las instalaciones del Poder Judicial de aquella nación, donde se reunieron con la representante del IIPR e integrantes de la Fiscalía General, tras de lo cual acudieron al Centro Integral de Resolución de Conflictos (Cirec), cuya tarea consiste en promover el diálogo entre las partes en conflicto, bajo un marco de tolerancia y respeto.
Costa Rica presenta los mejores procedimientos a nivel Latinoamérica de la práctica de procesos restaurativos a través de los cuales se promueve el diálogo para buscar una mejor solución en la reparación del daño, con la participación de la persona víctima, la persona imputada y la comunidad. Dichos procedimientos han logrado un 95 por ciento de efectividad en el cumplimiento de los mismos.
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