Confidencial Político

Periodista asesinado

Investigación en curso

Gastélum, ignorante

Luévano Ruiz, inepto

L. Martínez, abusivo

Por: Enrique Méndez Álvarez / Bibi Gutiérrez

 El homicidio del colega LUCIANO RIVERA, en Playas de Rosarito, deja en claro la urgencia que la federación destine mas recursos para el combate al delito en Baja California y que a su vez las autoridades responsables de la lucha contra el crimen, ejerzan acciones con mayor contundencia.

Esta vez, fue el periodista, LUCIANO RIVERA, la más reciente victima de la violencia en una entidad en la que sus habitantes, viven entre la zozobra e incertidumbre de quien será el siguiente.

Todo indica que este homicidio ha sido aclarado y que uno de los sicarios que participaron en el crimen, fue arrestado y será sujeto a proceso por su probable coparticipación en el homicidio del joven comunicador rosaritense.

El artero crimen, causo indignación entre los diversos sectores de la población, así como el reclamo de la Asociación de Periodistas de Tijuana, para que cuanto antes posible se identificara y arrestara a quien cegó la vida del licenciado LUCIANO RIVERA. 

Hasta el momento se sabe, LUCIANO RIVERA, estaba en un centro nocturno cuando llegaron varios individuos armados, uno de ellos le disparo, luego el grupo emprendió la huida, en el camino la policía detuvo al conductor de un taxi libre, en este se encontró un revolver con el que se presume dispararon al tele reportero.

Hoy lunes ultimo de julio, desde muy temprano corrió como reguero de pólvora, la noticia de que el joven reportero había sido acribillado en forma alevosa, por eso la Asociación de Periodistas de Tijuana, hizo un enérgico llamado al gobernador FRANCISCO VEGA, al secretario de Seguridad de Estado, DANIEL DE LA ROSA y a la procuradora General de Justicia, PERLA IBARRA, para que el crimen se esclareciera.

Horas mas tarde, la autoridad dio a conocer la captura del individuo al que se le relacionó con el mortal ataque y del que se dijo, se le vincularía penalmente como participe directo en el homicidio del comunicador.

A través de este espacio, se le desea a la familia de LUCIANO RIVERA, y a su hermano MARIO RIVERA, director general de Canal CNR, una pronta resignación por el sensible fallecimiento de nuestro colega y amigo. Al mismo tiempo se exige alto a la violencia en la región y que se castigue a quien haya cegado la vida del comunicador.

DESPISTADOS JURÍDICOS

Al aceptar púbicamente, el alcalde JUAN MANUEL GASTÉLUM, que a nombre de su gobierno, se solicite Juicio Político, en contra de la magistrada, queda demostrada su notoria ignorancia en materia de leyes, a pesar de que se jacte que es abogado.

Pero al mismo tiempo queda en evidencia la ineptitud del secretario de Gobierno Municipal, RAÚL FELIPE LUEVANO, al acudir personalmente al Congreso del Estado a plantear por escrito que la referida funcionaria judicial, sea sometida a juicio político.

Otro funcionario que se expone al ridículo, es LEONARDO MARTÍNEZ, el Consejero Jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, que demostrando su ignorancia, también, “le echa montón” a la magistrada.

Los tres servidores públicos, se exhiben en su ignorancia y mala fe al presentar la demanda de juicio político en contra de la Magistrada del Tribunal Administrativo del Estado, porque ella, en estricto apego a Derecho otorgó una suspensión provisional de Amparo en contra del Ayuntamiento, que le fue solicitada por la defensa del gremio de Taxis Amarillos.

Hay que referir que el Artículo 92 de la Constitución del Estado de Baja California, que regula lo relativo al juicio político, establece que:  "Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas de funcionarios públicos.

Pero, dice que cualquier ciudadano y no cualquier funcionario, por eso, en este caso, LUEVANO y LEONARDO MARTÍNEZ, incurren en ignorancia y mala fe, pues como autoridad que son, están impedidos en solicitar juicio político en contra de  otra autoridad, en este caso contra la Magistrada del Tribunal Administrativo del Estado.

ARTÍCULO 92.- El Congreso del Estado, dentro de los ámbitos de su competencia, expedirá la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 93 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la Ley penal.

III.- Se aplicarán las sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y circunstancias en las que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos cuya procedencia no pudiesen justificar.

La Ley penal sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente Artículo.

La resolución emitida por el Congreso estará investida de soberanía, por lo que será definitiva e inatacable.

Entonces pues, al margen de lo que digan el “trio” de sabios de las leyes del Ayuntamiento, ahora hay que ver que es lo que ucede en torno a la magistrada estatal, a la que los “despistados jurídicos”, quieren quemar en leña verde.

Tan…tan…

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