Cero Grados.– A la mayoría de los padres de las personas desaparecidas la certeza de la muerte de su ser querido les da tranquilidad, pero a Pedro Mavil y su esposa, Gema Hernández, saber que su hija –secuestrada el 3 de mayo de 2011 en esta ciudad– no respira, más les provoca dolor.
“El estado de Veracruz me robó a mi hija”, sostiene el abatido don Pedro, contador público egresado de la Universidad Autónoma de Veracruz, durante la entrevista con la reportera en el panteón municipal de esta ciudad, donde presuntamente están los restos de Gemma Mavil Hernández. El problema es que nunca fueron inhumados en el área de fosa común, como corresponde a las personas no identificadas.
Ubicado en un amplio predio de pequeñas colinas, el cementerio tiene pasillos pavimentados sólo en su primera área; al fondo, en una franja de dos hectáreas, se encuentran las tumbas plenamente identificadas al lado de la zona de las fosas comunes.
Durante cinco años la familia Mavil Hernández albergó la esperanza de encontrar viva a Gemma, luego de que un operativo policiaco fallido para detener a los presuntos plagiarios.
Al principio fueron detenidas tres personas, una de las cuales incluso ya fue sentenciada; otra fue liberada el mismo día de su detención, y la tercera –el exagente de tránsito Efrén Landa Méndez– murió en los separos de la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) durante los interrogatorios a los que fue sometido por agentes ministeriales.
“Desde aquel 3 de mayo que Gemma salió de Xico hacia Xalapa a una entrevista de trabajo, no he parado de buscar a mi hija”, relata don Pedro.
“La última vez que tuve comunicación con los secuestradores fue al mes siguiente, pero en la UECS no hicieron lo necesario para encontrarla. El caso también está en el fuero federal, en la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.”
La carpeta 844/2011
El pasto y la espesa hierba silvestre, propia de la fértil tierra veracruzana, impiden distinguir dónde empiezan o terminan las tumbas, por lo que uno termina por caminar sobre ellas.
Es en esa área, la de las fosas comunes, donde el cuerpo de Gemma reposa, según la carpeta de investigación 844/2011, que don Pedro descubrió en 2016, durante sus investigaciones sobre el paradero de hija, que entonces tenía 29 años.
El legajo estaba archivado y se refería a la localización del cuerpo sin vida de una mujer en una bolsa de plástico abandonada en calles de una colonia de Xalapa.
“Quien la levantó dijo que el cuerpo no presentaba ninguna larva de descomposición, aunque posiblemente la habían asesinado en julio (de 2011). Eso quiere decir que debió haber estado en refrigeración”, detalla don Pedro.
Una vez ingresada en Servicios Periciales, relata, a Gemma se le tomó una muestra ósea para obtener su perfil genético, pero éste nunca fue ingresado a la base de datos de personas no identificadas, según un documento de la dirección de Servicios Periciales fechado el 1 de junio de 2016.
No fue hasta que don Pedro descubrió la carpeta de investigación que se cotejaron los perfiles genéticos de él y su esposa con el del cuerpo desconocido.
Ello, dice, pese a que a él se le tomaron muestras de ADN en 2012 y a su cónyuge en 2014. Y en febrero de 2015 se hizo un primer cotejo infructuoso con la base de datos de personas no identificadas de acuerdo con documentos de la Dirección de Servicios Periciales.
Pese a saber que Gemma estaba muerta, el calvario de la familia Mavil Hernández, representada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), continúa.
De agosto a septiembre de 2016, don Pedro y su representante del IMDHD, Volga de Pina Ravest, promovieron exhumaciones en tres fosas para localizar a Gemma. Esas exhumaciones pusieron al descubierto las irregularidades en cinco de los 10 cuerpos examinados. Ninguno era el de Gemma.
Ella debería estar en una fosa junto con otros dos cadáveres masculinos inhumados en octubre de 2011. A los sepultureros se les ordenó cavar tres fosas, pero sólo se depositaron dos cuerpos; el otro, presuntamente el de Gemma, se quedó en un ataúd dentro de la camioneta de Servicios Periciales.
Reclamos infructuosos
Entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, Luis Ángel Bravo y Gilberto Aguirre Garza, funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz y de la Dirección de Servicios Periciales, respectivamente, realizaron varias exhumaciones e inhumaciones en esas mismas fosas, según el entrevistado.
Ambos, dice don Pedro, “sabían desde 2014 que en esas fosas no estaba mi hija, pero me lo ocultaron. No sé por qué lo sabían, pues no se había hecho el cotejo de ADN. Eso habla de las complicidades que hubo en el caso de mi hija”, que incluso ameritó la recomendación 02/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Según el ómbudsman veracruzano, “la mayoría de las acciones encaminadas a la búsqueda de la verdad han resultado infructuosas por haber actuado de manera tardía e ineficiente, trayendo como consecuencia la negativa de acceso a la justicia, aunado a la indignación del señor PMM y de sus familiares”.
En la actual administración el caso permitió un acuerdo de cooperación entre el Comité de la Cruz Roja Internacional y la Fiscalía General del Estado de Veracruz para poner orden en los panteones municipales, destinar un espacio para fosa común y no inhumar cuerpos sin perfil genético de las personas no identificadas.
“Los servicios de fosa común en el estado de Veracruz son un caos –insiste don Pedro–. Se supone que en Xalapa hay 192 cuerpos en calidad de desconocidos que fueron localizados entre 2010 y 2016, y que en el puerto de Veracruz hay 3 mil 600, pero el caso de mi hija demostró el desastre que hay en los panteones municipales.”
Visiblemente cansado por su búsqueda infructuosa, don Pedro comenta: “He acompañado a otras familias a recuperar cuerpos de sus desaparecidos. En mi caso no he podido cerrar el duelo; mi herida es más grande y más profunda. Antes albergaba la esperanza de encontrar con vida a mi hija, pero no es así.
“Gemma sigue desaparecida aun fallecida. Por eso digo que a mi hija se la robó el estado. La tenía en sus manos y no me entregó los restos”.
Este reportaje se publicó el 10 de septiembre de 2017 en la edición 2132 de la revista proceso.
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