martes, 3 de octubre de 2017

Organizaciones civiles de Tijuana instan a buscar soluciones que frenen la violencia


Cero Grados.- Representantes de ocho grupos civiles de Tijuana, entre los que figura el Consejo Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Comosc), demandaron la intervención del Congreso local para frenar la ola delictiva que azota a Baja California.
 
Los representantes de estos grupos fueron recibidos por las diputadas Mónica Hernández “La Chula” e Iraís Vásquez Aguiar, así como el diputado Carlos Torres Torres, en tanto que los ciudadanos que solicitaron el apoyo de los congresistas fueron encabezados por el licenciado Alberto Sandoval Franco, del Comosc.
 
Las diputadas recibieron una iniciativa en la que plantean alternativas de solución, la cual se comprometieron a analizar detenidamente las legisladoras, además de encomiar que la sociedad organizada participe activamente, con propuestas, en busca de soluciones para el flagelo de la violencia.
 
Por su parte, la diputada Iraís Vásquez reconoció que la seguridad ha ido en detrimento por lo que –dijo- la policía necesita de mejores elementos para luchar contra la delincuencia, porque no puede quedarse rezagada mientras que la delincuencia organizada se vuele cada vez más agresiva.
 
Ante este panorama, la legisladora planteó la necesidad de instalar el programa C5i en Baja California para que sus corporaciones policiacas se coloquen al nivel que la tecnología permite.
 
Esto último fue visto con simpatía por el licenciado Sandoval Franco, quien aceptó que se requiere modernizar las herramientas para luchar contra la delincuencia.
 
Refirió haber sostenido diferentes reuniones con las autoridades del Estado para plantear alternativas de lucha contra la delincuencia, desde el punto de vista de que todo se deriva de la drogadicción.
 
Por su parte, el diputado Carlos Torres expuso el proyecto que presentó en su oportunidad y que coincide con la óptica de considerar la drogadicción como la principal causa de violencia, y que busca ubicar a quienes cometan un delito bajo el influjo de drogas, en centros de rehabilitación en lugar de centros penitenciarios.

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