Por.- Alfredo Calva
¿Desaparecerán el cartel de los pepos?....
La salida de la titularidad de Daniel de la Rosa Anaya como Secretario de
Seguridad Pública del Estado (SSPE), de inmediato hizo a los residentes de esta
bella entidad preguntarse, si con este despido de Francisco Vega de Lamadrid,
gobernador del estado, de un ya nocivo subordinado de la dependencia toral de
su gabinete, sería el inicio del desmembramiento del cartel de los pepos y el
castigo para sus integrantes.
La Policía Estatal Preventiva (PEP),
es la corporación subordinada y dependiente de la SSPE, misma que desde su
creación y puesta en operación en el 2001, por el entonces gobernador del
estado, Eugenio Elorduy Walter, nació podrida, en su primer etapa, muchos de
sus elementos se coludieron con las organizaciones criminales para conseguir
sustanciales cantidades de dinero a cambio de protección e información y en
ocasiones participación en las acciones ilícitas realizadas.
Con el transcurso de los años, elementos y sus organizadores amafiados se percataron
que les resultaría mas provechoso y fructífero si se independizaban y formaban
su propio clan delictivo, lo que finalmente ocurrió gracias a la indolencia, omisión
y complacencia de sus superiores, entre ellos, de la Rosa Anaya y el propio ejecutivo
estatal.
Este salto empresarial del cartel de los pepos les resulto sustancialmente
provechoso, en contrasentido de los ciudadanos que fueron y son quienes han
sido los afectados por los integrantes de esta mafia policiaca, para los
miembros de este grupo delictivo no importaba si a quienes detenían y afectaban
con sus acciones eran personas dedicadas a las actividades ilegales o
ciudadanos de bien, para ellos todos cotizaban y eran sujetos a responder satisfactoriamente
a sus demandas, y en caso de negarse las consecuencias los afectaba no solo en
su patrimonio, sino también en su integridad física y entorno familiar.
Durante años las denuncias por extorsión, abuso de autoridad, excesivo uso
de fuerza, comisión de delitos como secuestro y asesinatos y narcotráfico,
fueron del conocimientos de sus superiores y de la opinión pública sin que
hubiera consecuencias o acciones punitivas en contra de los señalados,
Francisco Vega y Daniel dela Rosa, como si no existieran, la impunidad campeo con
singular alegría por las instalaciones e integrantes de la PEP, especialmente
en la presente administración estatal.
Con la llegada de Gerardo Sosa Olachea como sustituto de Daniel de la Rosa,
surge una esperanza en los ciudadanos de que por fin se atenderá y dará
solución al grave problema que significa tener un célula delincuencial inmersa
en una de las corporaciones policíacas del estado, que ha sido un depredador
social, más que un garante en la seguridad de los residentes de la entidad.
El cambio de mandos en la PEP, elementos dados de baja, y la renuncia hasta
el momento de 17 integrantes de la corporación policíaca del estado desde que
arribó Sosa Olachea a la SSPE, han generado esperanza entre los ciudadanos y la
confianza de que el nuevo Secretario de Seguridad Pública y su nuevo Director
de la PEP, Sergio Francisco Romero Jaimes, harán una asepsia en la corporación
a fondo, que incluya acciones de carácter punitivo para aquellos agentes que
como resultado de las investigaciones que se llevan a efecto como parte del
plan de limpia, resulten responsables de actos indebidos e ilegales.
Aunque tarde la decisión de Francisco Vega de cambiar a su Secretario de
Seguridad Pública, el daño a la sociedad es grande, la medida puede contribuir
primero, a detener el flagelo que significaba el cartel de los pepos y, para
que se reestructure la PEP y se dejen las bases para que en lo futuro la
corporación cumpla con lo que fue diseñada, conformada y puesta en operación,
en beneficio de todos los ciudadanos, y no como una incubadora de delincuentes
con arma y uniforme en detrimento de la sociedad bajacaliforniana.
Ojalá lo logren.
Y mientras tanto….
La creación de la Secretaría de Movilidad por parte del cabildo del
Ayuntamiento de Tijuana, no solo fue una estulticia, sino que carece de
legalidad.
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