Cero Grados.-Durante la sesión ordinaria pasada del Congreso local la
diputada Victoria Bentley Duarte, en conjunto con los legisladores Raúl
Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya y Alfa Peñaloza Valdez, propuso
reformas al Código Penal del Estado, a fin de incorporar una nueva figura
delictiva relacionada con el proceder indebido del servidor público, que por
razón de sus atribuciones obtiene beneficios personales o para terceras
personas con las que tiene alguna relación familiar, de parentesco o de
negocios.
“Siendo congruentes con el amplio estudio y análisis
realizado por el Congreso de la Unión en materia de delitos cometidos por
servidores públicos, es que consideramos necesario someter a valoración la
aprobación de aquellas conductas cometidas por servidores públicos o
particulares, que resultan más apremiantes y que guardan relación con el
ejercicio de atribuciones y facultades en el desempeño de la labor de
servidores públicos y del manejo, uso y administración de los bienes y recursos
públicos”, argumentó la presidenta de la Comisión de Justicia de la XXII
Legislatura de Baja California.
Indicó que la iniciativa crea el delito de “Uso ilícito de
atribuciones y facultades”, por el que se castigará al funcionario cuando
indebidamente otorgue concesiones, permisos, licencias, adjudicaciones o
autorizaciones de contenido económico, así como franquicias, exenciones, deducciones
o subsidios sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los
bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública Estatal.
Asimismo, cuando ilícitamente otorgue, realice o contrate
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos,
enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos o contrate
deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.
Por otro lado, Bentley Duarte propone sancionar al servidor
público que niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones arriba
mencionadas, cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos en la
normatividad aplicable para su otorgamiento, o aquel funcionario que siendo
responsable del cumplimiento de los términos de una concesión o permiso, no lo
verifique.
Por último, la representante popular del tercer distrito de
Mexicali planteó la modalidad de uso indebido de atribuciones para aquellos que
teniendo el carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una
concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento
o uso de bienes del dominio del Estado, falsifique u oculte información, o
bien, no la provea cuando así corresponda, respecto a los rendimientos o
beneficios que obtenga de la explotación de bienes públicos.
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