Cero Grados.-Con el propósito de sustituir el concepto de trabajo por el
de actividad; en virtud de la naturaleza obligatoria que la propia Ley otorga
al servicio social, lo que se contrapone con lo establecido en el artículo 5º
constitucional ya que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales
sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, el diputado Job Montoya
Gaxiola (MC), presentó una iniciativa en esta materia.
En su
argumentación destacó que el prestador de servicio social no desempeña un
trabajo, señaló que no es un empleado, sino un estudiante o profesionista que
desarrolla una actividad de apoyo relacionada con los estudios profesionales
que realiza; por lo cual se cancela toda posibilidad de generar derechos
laborales, que eventualmente pudieran derivar en demandas legales.
Montoya Gaxiola precisó que en la Ley se busca establecer de
manera expresa, que sea la institución donde se desarrolla la actividad, la
obligada a retribuir económicamente al estudiante. Asimismo agregó que cuando
el servicio social se realice en el sector público, sean consideradas las
previsiones presupuestales necesarias para dar coherencia y sentido al mismo.
El legislador de movimiento ciudadano expresó que el
objetivo del servicio social, es contribuir a la integración de los estudiantes
al mercado laboral; por lo que planteó que las actividades a realizar sean
relacionadas con los estudios profesionales del educando. De igual forma,
puntualizó que esta actividad pueda ser contemplada como experiencia laboral.
El congresista propuso que la Ley otorgue la posibilidad de
acceder a un empleo formal a quienes hayan desarrollado esta actividad en el
sector público, para lo cual planteo que los profesionistas y estudiantes sean
considerados preferentemente en caso de que la institución o dependencia
presente vacantes relacionadas con su profesión o con las actividades
realizadas durante la prestación de su servicio social.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis jurídico, a fin de revisar su
viabilidad y dictaminar en consecuencia.
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