Cero Grados.-Con la finalidad de implementar medidas legislativas que
contribuyan a que no sucedan tragedias como el colapso de 89 viviendas ocurrido
el pasado 2 de febrero en el fraccionamiento Lomas del Rubí de la ciudad de Tijuana,
el diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI) propuso reformas al Código Penal del Estado,
a fin de sancionar con pena de prisión a quienes autoricen o ejecuten la
construcción de cualquier tipo de obra, en contravención a lo señalado en el Atlas
de Riesgo correspondiente.
“Mucho se ha hablado de que este lamentable suceso se
originó por negligencias, tanto de autoridades como de particulares,
negligencias que simplemente no pueden suceder otra vez. Las autoridades como
los particulares tienen diversas responsabilidades en esta materia, y por ende
no pueden deslindarse de las mismas, deben asumirlas en todo momento a
cabalidad”, afirmó el legislador al dar lectura en tribuna de su iniciativa
durante la sesión ordinara efectuada en el teatro “Rubén Vizcaíno Valencia” de
la UABC, campus Tijuana.
Corona Bolaños Cacho agregó que el desarrollo urbano debe
ser una labor corresponsablemente planeada y verificada bajo estrictos sistemas
integrales de información, lo cual permita su control, pues de no ser así se
pone en grave riesgo a las personas y a su patrimonio, tal y como aconteció a
diversas familias en el fraccionamiento Lomas del Rubí.
Señaló que la actual Ley de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos del Estado determina en su artículo 141 que, en el Atlas
Estatal de Riesgos y en los respectivos Atlas Municipales de Riesgos, deberá́
establecerse los diferentes niveles de peligro para todos los fenómenos que
influyan en las distintas zonas.
Asimismo, indicó que este numeral determina que dichos
instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades
competentes, para la planeación urbana y el establecimiento de políticas de
desarrollo y acciones de prevención, así́ como para la autorización o no de
cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos
humanos.
Subrayó la importancia que reviste considerar los Atlas de
Riesgos en las acciones de urbanización, a fin de eliminar o reducir los
riesgos sobre las personas y sus bienes, lo cual es principalmente una función
de los ayuntamientos, salvo las condiciones y excepciones señaladas en la
propia Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
En ese sentido, el diputado Marco Antonio Corona propuso la
adición al Código Penal de Baja California de un capítulo XV denominado
“Delitos contra el desarrollo urbano y la Protección Civil”, así como la
incorporación de un artículo 307 Quinquies; este último establecerá lo
siguiente:
“Al servidor público que expida alguna licencia, permiso,
autorización, constancia o dictamen para realizar cualquier tipo de
construcción, obra de infraestructura, equipamiento urbano, acción de
urbanización o asentamiento humano sin observar o contraviniendo el Atlas de
Riesgos correspondiente, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y hasta
cuatrocientos días multa.
Se aplicarán las mismas penas a quien realice o permita
realizar cualquier tipo de construcción, obra de infraestructura, equipamiento
urbano, acción de urbanización o asentamiento humano, a sabiendas de que la licencia,
permiso, autorización, constancia o dictamen emitido por el servidor público de
que se trate, no observa o contravenga el Atlas de Riesgos correspondiente.
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