Cero Grados.- Prohibir el requisito de presentar constancia de antecedentes penales para obtener o conservar un empleo, a fin de favorecer los derechos de aquellas personas que buscan una nueva oportunidad de vida, tras haber cumplido con su sentencia, es el objetivo de la iniciativa de reforma presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, por el diputado Job Montoya Gaxiola, en conjunto con las diputadas Claudia Agatón Muñiz y Mónica Hernández Álvarez.
El legislador puntualizó que quedan exentos los casos específicos del sector público, en los cuales la Ley contemple este requerimiento. En ese sentido, precisó que la contravención de esta disposición será considerada un acto de discriminación. La propuesta fue presentada ante esta Soberanía, bajo la coordinación del diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Vigésima Segunda Legislatura.
Durante su exposición de motivos, Montoya Gaxiola destacó que la propuesta busca favorecer los derechos humanos, para que quienes hayan cumplido con su condena logren una plena reinserción social y con ello desinhibir la posibilidad de volver a delinquir por sentirse excluidos y discriminados.
Se propone reformar los artículos primero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo; y el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo referente el requisito de presentar constancia de antecedentes penales para obtener empleo.
Destacó que esta situación afecta de forma integral al solicitante y a sus familias, toda vez que al acudir a solicitar un empleo, se les pide un documento expedido por la autoridad en el que se haga constar sus antecedentes no solo penales, sino incluso familiares. Agregó: “los antecedentes penales se han convertido en un condicionamiento para lograr un empleo o un trabajo o, incluso, para conservarlo cuando ya se tiene”.
Con esto, “se está ejerciendo un acto discriminatorio y se está violentando lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: ¨A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial”, aseveró.
Por ello, el congresista determinó: “Es de suma importancia poder ofrecer a toda persona otra oportunidad ante la posibilidad de un proyecto de vida digna, frente al estigma que de por si vive posterior al internamiento en la prisión, en su caso, lo que le hace sentir, en muchas ocasiones, que sigue preso, motivando la generación del fenómeno de la ´puerta giratoria´, es decir, la reincidencia, que es la antítesis de la reinserción social efectiva”.
La iniciativa de Ley presentada fue turnada a la Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y la de Justicia, para su análisis y posterior dictaminación.
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