Cero Grados.-Este lunes es el último día que tiene la Procuraduría
General de la República (PGR) para acusar formalmente al exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de los delitos de lavado de dinero y
delincuencia organizada. La acusación es vital para que continúe el proceso que
promueve desde el año pasado en su contra, y llegar a un eventual juicio.
De acuerdo con fuentes ligadas al proceso, hasta el viernes
pasado no había aun notificación formal de que la acusación se hubiera
presentado ante el juzgado que lleva el caso.
Esta acusación debe presentarse inicialmente por escrito. Si
no se hace dentro del plazo legal correspondiente, el juez del caso tiene la
posibilidad de notificar directamente al procurador para saber qué ocurrió, y
si transcurren otros quince días sin respuesta, el caso se daría por cerrado en
automático.
Una vez que la Procuraduría cumpla con la presentación de la
acusación por escrito, esta debe ser notificada de inmediato tanto a la víctima
(que en el caso de Javier Duarte es la Secretaría de Hacienda), así como al
acusado a través de sus abogados.
A su vez la defensa tiene la oportunidad de contestar con
sus propios elementos la referida acusación. De acuerdo con los abogados, esto
se realizará durante la audiencia pública a la que deberá convocar el juez para
debatir si la acusación cuenta con las formalidades para ir a un juicio, y si
las pruebas son suficientes para ello.
Cabe recordar que Javier Duarte se encuentra preso en el
Reclusorio Preventivo Norte desde abril de 2017, tras ser detenido y
extraditado por Guatemala. Se trata de una prisión que solo es de carácter
preventivo, mientras se determina si la Procuraduría reúne pruebas suficientes
para sostener la imputación que hizo en contra del exmandatario.
Esta fase inicial del proceso se ha alargado por más de un
año debido a que, primero, la PGR solicitó un periodo de investigación
complementaria de 6 meses, argumentando que necesitaba recabar datos bancarios
en otros países cuya entrega era tardada, y después, porque fueron los propios
abogados defensores quienes pidieron 6 meses extra para recabar elementos a su
favor y preparar una defensa adecuada.
La evidencia en duda
Las reglas del sistema penal acusatorio -bajo el cual se
sigue el proceso contra Duarte- son claras en señalar que la acusación formal
que presente el Ministerio Público debe limitarse a los hechos referidos en la
audiencia inicial. Es decir, no se puede presentar una acusación sobre hechos
distintos.
Pero actualmente, la legalidad de varias de las pruebas
bancarias que la PGR dijo tener en la audiencia inicial para acusar a Duarte se
encuentra en duda, pues no se reunieron con los requerimientos que marcan la
Constitución ni los criterios de la Corte.
De acuerdo con la investigación inicial de la Procuraduría,
Javier Duarte consiguió desviar y lavar el origen de al menos 400 millones de
pesos extraídos de las arcas públicas de Veracruz, gracias a una red que
incluye múltiples prestanombres y empresas fantasma. El dinero se habría
utilizado para gastos personales y en propiedades.
Para documentar lo anterior, los fiscales de la PGR
señalaron dos empresas centrales. Una de ellas fue Consorcio Brades propiedad
de Moisés Mansur (presunto prestanombres también acusado en este mismo
proceso). Según los datos bancarios
presentados en la imputación inicial, dicha compañía recibió y trianguló 223
millones de pesos provenientes de compañías fachada, que habían recibido
contratos de las secretarías de Salud y Educación del Estado.
Pero el pasado 31 de enero, ya con la investigación
complementaria en marcha, los fiscales de la PGR solicitaron una audiencia al
juez para pedirle su “autorización”, con la finalidad de recabar más datos
bancarios. No obstante, durante la audiencia, los abogados de Duarte (del
despacho Del Toro – Carazo) demostraron que se trataba de los mismos datos
presentados en la audiencia inicial para documentar el flujo de dinero a
Consorcio Brades, y que los fiscales se precipitaron a extraer sin autorización
judicial previa.
En este escenario el juez se negó a dar autorización para
recabar datos bancarios que ya se habían sustraído con antelación, y señaló que
su posible invalidez será abordada en la audiencia intermedia del caso.
Se trata de una situación idéntica a la que se presentó en
el caso de la exlíder sindical Elba Esther Gordillo, a la que la PGR también
acusaba de lavado de dinero. Una de las razonas por las cuales un Tribunal
federal anuló su proceso fue porque la
Procuraduría recabó datos de sus cuentas bancarias sin aval judicial. Cabe
señalar que la defensa de Gordillo fue llevada por el mismo despacho que
representaba a Duarte, hasta febrero pasado.
Luego de este revés, el pasado 18 de mayo la PGR solicitó al
juez del caso permiso para recabar datos bancarios de otras empresas ligadas
con Terra Inmobiliaria, la otra compañía principal involucrada en las presuntas
operaciones de lavado. En este caso, y dado que sí se trataban de datos nuevos,
el juez autorizó que se reuniera dicha información.
Sumado a lo anterior falta conocer si la Procuraduría logró
reunir la información bancaria que había solicitado a varios países en el
extranjero, entre ellos España y Suiza, donde supuestamente se abrieron cuentas
en las que habría terminado parte del dinero público desviado desde Veracruz.
Es en este contexto en el que los fiscales de la
Procuraduría tendrán que construir y presentar su acusación formal, y luego
defenderla junto con la validez de las pruebas que presenten en la audiencia
intermedia, para que las mismas puedan ser utilizadas en el eventual juicio.
¿Cuándo será la próxima audiencia?
Si no ocurren incidentes o situaciones extraordinarias (como
que la PGR por su cuenta se desista del caso) la próxima audiencia pública del
caso Javier Duarte se estará presentando entre finales de septiembre y
principios de octubre.
De acuerdo con el artículo 341 del Código Nacional de
Procedimientos Penales una vez que el juez reciba la acusación escrita del
Ministerio Público (lo que en el caso Duarte deberá ocurrir a mas tardar hoy)
se deberá programar la audiencia intermedia, la cual no podrá realizarse en un
plazo menor a 30 días naturales ni mayor a 40 días naturales.
El mismo artículo señala que el juez podrá – a petición de
la defensa – atrasar hasta por diez días la audiencia pero esto solo podrá
ocurrir en una ocasión.
¿Qué pasará en la audiencia intermedia? En ella se
presentará verbalmente el contenido de la acusación, y se detallarán las
pruebas que el Ministerio Público pretenda llevar a juicio para sostenerla. Los
abogados de la defensa podrían, a su vez, contestar a todos estos elementos y
presentar su propia evidencia.
La decisión de que pruebas se mantendrán y cuales no las
tomará el juez de forma definitiva en esta audiencia. Solo las pruebas que se
mantengan son las que se podrán exponer en el juicio que se llevará a cabo
después ante un Tribunal de Juicio Oral.
Los otros casos pendientes
Esta acusación por lavado de dinero y delincuencia
organizada, que la PGR promovió contra Duarte, es el proceso más avanzado hasta
la fecha en contra del exgobernador, pero no es el único.
La Fiscalía de Veracruz consiguió que un juez de la Ciudad
de México iniciara dos procesos más en contra de Duarte, por el presunto desvío
de recursos hidráulicos en su gestión y el uso ilegal de un helicóptero
oficial. Estos casos se encuentran en el periodo de investigación
complementaria, el cual vence en noviembre próximo.
Además existen dos órdenes de aprehensión pendientes en
contra del exmandatario. Una es por presunta desaparición forzada y otra por
delitos electorales. La posibilidad de que ambos casos avancen depende de que
Guatemala dé el visto bueno, pues dicho país concedió su extradición solo por
los procesos que ya están abiertos. No hay fecha para ello.
Fuente: www.animalpolitico.com
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