Cero Grados.-Alfonso Durazo (Sonora, 1954) tendrá en sus
manos la misión de pacificar un país que vive su etapa más negra y violenta
desde la Revolución. Solo este fin de semana en Ciudad Juárez, la ciudad
fronteriza donde se realiza la entrevista y donde este martes inician las mesas
de paz destinadas a dar forma a la nueva estrategia de seguridad (2018-2024),
hubo 11 homicidios. A ello se suman los más de 200.000 muertos y los 35.000
desaparecidos que ha dejado la guerra entre y contra los carteles de la droga
iniciada por el presidente Felipe Calderón en 2006. Ese es el país que
encontrará.
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La incapacidad de la policía para hacer frente a la
violencia de los últimos años obligó a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a
desplegar al Ejército. La medida se creía provisional, pero con ella se ha
logrado llevar tranquilidad a algunas poblaciones.
Sin embargo, supuso un alto
coste porque deterioró la imagen de las Fuerzas Armadas con el aumento de las
violaciones a los Derechos Humanos en los lugares donde se han desplegado. “Con
los niveles actuales de violencia sería ingenuo pensar en el retiro inmediato
del Ejército de las calles. No hay fecha para sacarlos y sería inconsciente
hacerlo”, reconoce Durazo. “El objetivo es ir formando policías y reemplazarlos
por los soldados. Dentro de tres años estimo que habrá un retiro
significativo”, señala.
Alfonso Durazo, quien fue secretario particular de Luis
Donaldo Colosio, el candidato del PRI asesinado en 1994, tomará posesión del
cargo de secretario de Seguridad Pública como el presidente y el resto del
Gabinete, el 1 de diciembre. En su propuesta, lo social se impone sobre lo
militar. “Mientras no atendamos las causas económicas, políticas y sociales que
generan la inseguridad, no mejorará la situación aunque se ponga un policía en
cada esquina”, describe.
Según Durazo los planes sociales que comenzarán desde el
primer día de Gobierno estarán enfocados en los más de dos millones y medio de
jóvenes que no estudian ni trabajan y que son la mano de obra perfecta para el
crimen organizado. “Es un ambicioso plan que tiene que ver con apoyos
educativos, para vivienda, obra pública o educación superior. La entrada en
vigor de todos ellos servirá para reducir significativamente la violencia a
corto plazo”, augura.
Amnistía y justicia transicional
Desde la campaña electoral el término “amnistía” pronunciado
por él se convirtió en el concepto más polémico con el que tuvo que lidiar
Obrador. “Se distorsionó la idea y se interpretó como el deseo de liberar a
grandes capos y grandes corruptos. No proponemos un pacto con el crimen
organizado sino un proceso de pacificación que podría contemplar una ley de
amnistía a sectores vulnerados y vulnerables aprobada en el Congreso (donde
Morena tiene mayoría). Por ejemplo, hay cientos de miles de niños armados hasta
los dientes que prestan algún servicio al crimen organizado, bien bajo amenaza
o bien por su situación económica insostenible, como lo son los cultivadores de
amapola de Guerrero (…). A estos sectores vulnerados hay que darles opciones
como a los halcones o informantes del crimen organizado. Es más útil para el
país reinsertarlos que castigarlos”, resume Durazo en un hotel de Ciudad
Juárez.
"Enfrentaremos al crimen organizado de una forma
distinta. Se usará la fuerza policial y militar pero en sí misma esta es
insuficiente". Durazo propone en su lugar atacar también las finanzas de
los grupos del crimen organizado. "Perseguir el dinero del crimen
organizado es más importante que detener capos porque es en la fortaleza
económica donde ellos tienen capacidad de corromper y operar. Dicen que a capo
caído, capo relevado. Decapitar una organización no significa inhabilitar su
capacidad de operar", considera.
En esta ruta de pacificación del país, Durazo se ha fijado
tres plazos que servirán para evaluar su gestión. El primero, dentro de seis
meses. “A los 180 días se hará un corte de caja que servirá para ajustar la
eficacia de la estrategia”, señala. El segundo, dentro de tres años, en el que
estima que los niveles de violencia serán los de un país de la OCDE, donde hay
menos de cuatro homicidios por 100.000 habitantes. Hoy México tiene 25. El
tercer objetivo, al final de su mandato en 2024, será entregar un país en paz.
Actualmente, el término amnistía ha sido reemplazado por
otra idea: justicia transicional. Durazo la describe como el recurso legal que
ha funcionado en Colombia y que permite cerrar el ciclo de violencia sin pasar
por la impunidad. “Ayuda a darles opciones a quienes están dentro de la
criminalidad con el compromiso del desarme, de la no repetición y de su aporte
al conocimiento de la verdad”.
Fuente: elpais.com
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