Cero Grados. La diputada Claudia
Josefina Agatón Muñiz, exhortó a los cinco cabildos de los Ayuntamientos del
Estado, a revisar, y en su caso, considerar la opción de iniciar un proyecto de
acuerdo para que las entidades paramunicipales que destinan recursos onerosos
para renta de oficinas adopten medidas de austeridad.
Así mismo, solicitó
que, para tal efecto, estas se instalen en los edificios e inmuebles de los
propios Ayuntamientos y que dicho ahorro se aproveche en rubros de obra y
servicios públicos en beneficio de la ciudadanía.
De esta forma, la
legisladora hace este llamado, para que se ponga el tema en la mesa de discusión
y a los “ojos de la ciudadanía”, los recursos que las paramunicipales destinan
a la renta de oficinas, y que, en varios casos, son gastos onerosos que no
tienen sentido.
Mencionó que existen
varios ejemplos de esa situación, como es el caso del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Ensenada, que destina anualmente 286 mil pesos,
para la renta de oficinas y que son utilizadas solo por ocho funcionarios
públicos.
Al referirse al
Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, la legisladora dijo que se
destina anualmente poco más de medio millón de pesos para la renta de oficinas
y de acuerdo con el contrato de arrendamiento, estas tienen una superficie de
500 metros cuadrados y 16 cajones de estacionamiento. Todo esto para ser utilizado
también por 8 funcionarios.
Por su parte, el
Fideicomiso denominado Promotora Municipal de Tijuana, destina 612 mil pesos
anualmente; el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali
destina casi 200 mil pesos, mientras que el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación Urbana de Mexicali, destina 220 mil pesos anualmente
para su arrendamiento.
Según afirmó la
legisladora, estos son tan sólo algunos casos, y si se suma la cantidad total
de todas las paramunicipales que tienen celebrados contratos de arrendamiento
de oficinas, el resultado sería una cantidad importante, esto sin contar los
depósitos y costos extras que se establecen en dichos contratos.
Por estos motivos,
Claudia Agatón hizo este exhorto, respetando el principio del municipio libre,
establecido en el artículo 115 de la Constitución Federal, pero también fue
fundado, ante la situación difícil en que se encuentran millones de mexicanos
en pobreza extrema.
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