Cero Grados.-Desde el fondo del auditorio del Centro
Cultural Universitario Tlatelolco, una mujer gritó, a viva voz: “¡Queremos
justicia, Andrés Manuel!”. Casi al mismo tiempo una joven lanzó, desesperada:
“Ayúdeme a encontrar a mi hermano. ¡La SEIDO no sirve!, ¡La SEIDO no sirve!”.
Esta mañana, familiares de víctimas de la violencia que
asistieron al Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia aprovecharon
la presencia del presidente electo para expresarle su indignación, hartazgo y
rabia ante las promesas incumplidas por gobiernos anteriores, pero también para
recordarle que decenas de miles de víctimas depositaron en él su confianza para
poner un punto final a años de sufrimiento.
Araceli Salcedo Jiménez, madre de Fernanda Rubí Salcedo
–desaparecida en Orizaba, Veracruz, hace seis años–, recordó al tabasqueño que
el Estado mexicano tiene “una enorme cuenta sin pagar” a los mexicanos, que
está pendiente “desde la llamada guerra sucia hasta la guerra contra el
narcotráfico (…) Las autoridades se mueven entre la negación, el olvido y la
corrupción, y esperamos que esto no se repita en su gobierno”.
Sentado entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas
–futuros secretaria de Gobernación y subsecretario de Derechos Humanos,
respectivamente–, López Obrador escuchó con aire asombrado, y a veces ausente,
las propuestas, casos y reclamos de justicia.
En las sillas instaladas a su alrededor se encontraban
Irinea Buendía Cortés, Mirna Nereida Quiñonez, Araceli Salcedo, Guadalupe
Aguilar Jáuregui, Lucia Díaz Genao, Araceli Rodríguez Nava y Yolanda Morán
Isaías, todas madres de desaparecidos, así como el poeta Javier Sicilia,
quienes se sucedieron en la tribuna para compartir su diagnóstico de la
situación y exponer exigencias a la nueva administración.
“Muchas sabemos de fosas, señor. Jalisco es una fosa.
¡México es una fosa!”, sostuvo Aguilar, y añadió: “La esperanza de encontrar la
verdad se está perdiendo, queremos que renazca la esperanza de este México desangrado,
de estas madres que lloran (…) que termine esta guerra, esta guerra
silenciosa”.
Frente a la tribuna, centenares de víctimas, representantes
de 50 colectivos de familiares de desaparecidos, defensores de derechos
humanos, activistas, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y periodistas atiborraban el auditorio. Decenas de manos levantaban
mantas, cartones y fotografías de sus familiares desaparecidos, y a menudo
lanzaban consignas de indignación o aliento.
“¡Oaxaca!”, “¡Reynosa!”, “Miren cómo estamos, ¡Ya basta!”,
“¡Es culpa de Enrique Peña Nieto!”, “¡No estás sólo!”, “¡Ni una más!”, “¡Ni
perdón ni olvido!”, “¡Nunca más, nadie más!”, brotaban a menudo los gritos
desde el público.
Cuando Sicilia pidió un minuto de silencio en honor a las
víctimas, una voz se elevó desde la audiencia para rechazar el acto. “¡No vamos
a guardar silencio, ellos no están muertos!”. Acto seguido vino un ensordecedor
grito: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Y una señora, con la voz quebrada, estalló: “Estamos
viviendo un dolor que no tiene nombre. ¡No hay nombre! Paso noches de rodillas
pidiendo a Dios qué hicieron con mi hijo. Dejaron al país en un maldito
cementerio”.
“No podemos esperar”
Cada vez que terminaba una presentación, una o varias
personas del público se levantaban para plantear su desesperación o pedir
justicia directamente a López Obrador. En silencio, el presidente electo
amontonaba en su mesa los documentos relativos a casos de desaparición que
llegaban a sus manos.
Con voz potente, un señor se dirigió hacia el tabasqueño:
“Señor presidente electo, es quizás la última vez que le hablo en persona
porque me van a matar, así me dijeron”.
Luego señaló que su hija, estudiante de preparatoria en
Iguala, Guerrero, fue desaparecida. “Le pido que se investigue desde el
Ministerio Público hasta los policías y al gobernador”, exclamó. Siguió: “Señor
presidente electo, no les dé la mano a quienes nos están asesinando en
Guerrero”.
El hombre entregó al futuro presidente de la República
fotografías y documentos sobre el caso de su hija. Agotado por la emoción, se
desmayó. Salió del recinto en una camilla, entre el llanto de decenas de
personas.
Otro hombre, oriundo de Chilapa, expresó que su familia
entera fue “secuestrada, quemada, descuartizada y torturada”, y que los
culpables “están en el Congreso de Guerrero”. Advirtió: “Señor presidente,
cuidado con los chapulines que brinquen a su partido”.
Y Yolanda Morán le recordó al tabasqueño: “Las víctimas no
podemos esperar un año más a que se instale la nueva administración”.
Lucía Díaz, del colectivo veracruzano Solecito, denunció “el
México de los absurdos, un absurdo criminal”.
Explicó: “Tenemos una policía que se dedica a administrar el
poder criminal, fiscalías que esconden expedientes, rechazan tomar nuestras
declaraciones, se niegan a investigar; tenemos jueces que, en vez de luchar
contra la impunidad, son los que la mantienen; gobernadores que se coluden con
los delincuentes y, para colmo, nos acusan de mentir; secretarios de
Gobernación que dan la espalda a su obligación constitucional de garantizar la
seguridad”.
La mujer, madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, acusó a las
autoridades de ser “cómplices de las atrocidades, son indiferentes,
esencialmente corruptas en un mar de negligencia, de mentiras (…) Nos dieron la
espalda todos aquellos que fueron elegidos, jamás rindieron cuentas”.
Y tras demandar “que por fin se busque ya a los desaparecidos”,
lanzó: “No queremos una amnistía como la tenemos ahora, en la que los
delincuentes están libres y nosotros en la cárcel; es necesario cambiar todos
los paradigmas de violencia, necesitamos paz”.
Después de escuchar, uno tras otro, los relatos del horror
que diariamente se vive en México, López Obrador aseguró que en su primer día
como presidente pedirá perdón a las víctimas en nombre del Estado.
Ante las demandas concretas de los colectivos de víctimas,
manifestó que su administración combatirá la violencia desde “sus causas”,
entre ellas, mediante el otorgamiento de becas y trabajos a los jóvenes para
que “no caigan en esa empresa fácil de la delincuencia”.
También aseguró que su política de austeridad –a través de
la reducción de los salarios en la alta burocracia– y la venta de la flotilla
de aviones y helicópteros presidenciales permitirá contar con los recursos
“para que se atienda a las víctimas de la violencia (…) y las demandas de
justicia”.
Fuente: https://www.proceso.com.mx
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