Cero Grados.-La Comisión Estatal de los
Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) habilitó sus nueve oficinas
distribuidas en los cinco municipios del Estado como centros de acopio en apoyo
a las personas en contexto de migración.
La Ombudsperson de Baja California, Melba
Adriana Olvera Rodríguez, informó que se requieren prioritariamente artículos
como toallas de baño, cobijas, casas de campaña, pañales, toallas húmedas, ropa
interior de todas las tallas, entre otros artículos, y agregó que las
direcciones de la Defensoría pueden ser consultadas en la página www.derechoshumanosbc.orgen la sección de “contacto”.
Asimismo, Olvera Rodríguez reiteró su
llamado a la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el multiculturalismo y a
que se respete el derecho a la igualdad a la vez que llamó a las autoridades
estatales y municipales a emprender las acciones necesarias para garantizar la
seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes que se
encuentran en la entidad. Lo anterior, con base a las medidas cautelares
emitidas por la Defensoría el 11 de noviembre de 2018.
De igual manera, reconoció la labor
altruista de las organizaciones de la sociedad y el apoyo solidario de la
ciudadanía bajacaliforniana que ha brindado atención a las personas de la
Caravana Migrante.
La Titilar de la Defensoría informó que
sostuvo una reunión en la sede del Proyecto Salesiano en la que participaron el
Subsecretario Federal del Trabajo, Fernando Maldonado; el Secretario Estatal
del Trabajo, Francisco Iribe Paniagua; el Quinto Visitador General de la CNDH,
Edgar Corzo; y el Delegado Federal del Trabajo, Víctor Meza, para abordar la
realización de una feria de empleo para personas en contexto de migración
mexicanas y extranjeras.
Por otro lado, la Presidenta de la CEDHBC
informó que la Defensoría abrió el expediente 4666/18 para la investigación de
posibles violaciones a los derechos humanos de las personas centroamericanas y
el 4667/18 en relación a las declaraciones emitidas públicamente por
autoridades municipales de Tijuana.
De igual manera, reiteró el llamado a las
autoridades de gobierno de realizar todas sus actuaciones con base en el
respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, Olvera Rodríguez reiteró
que las autoridades de gobierno tienen la obligación de atender no solo la
Constitución, sino los tratados internacionales en materia de derechos de las
personas en contexto de migración de las que México no solo es parte, sino
incluso ha sido inicialista, como la Convención sobre los Trabajadores
Migrantes; además de otras como el Convenio sobre las Migraciones en
Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato
de los Trabajadores Migrantes; la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
Entre las Recomendaciones que el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU emitió a México en materia de migración, cabe
subrayar: “tomar todas las medidas legales y administrativas necesarias para
asegurar los derechos de los migrantes y las personas en movimiento,
particularmente en las zonas fronterizas”.
La Ombudsperson puntualizó que entre los
derechos que deben reconocerse a las personas en contexto de migración se
encuentran los relativos a la identidad, a la no discriminación, a la vida, al
debido proceso migratorio, al asilo, a la seguridad jurídica, a la salud, a la
educación, a una vida libre de violencia, a la igualdad, al trato digno y a la
determinación del interés superior de la niñez.
“Baja California es un Estado construido
por personas migrantes. La cultura de respecto a la dignidad de las personas es
la base para que todas y todos tengamos acceso a condiciones de vida dignas”,
concluyó Melba Adriana Olvera Rodríguez.
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