Cero Grados.-El diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, en su calidad de
presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en
conjunto con todos sus integrantes, presentó por Oficialía de Partes del
Congreso del Estado, una Iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad
Ambiental para el Estado.
“En Baja California estamos comprometidos en legislar en
materia de responsabilidad, por daños ocasionados al ambiente, indemnización y
compensación de las víctimas de la contaminación”, indicó el legislador.
Subrayó que esta Entidad, se precia de sus riquezas en
biodiversidad, fuentes hídricas, diversidad cultural, aves, insectos, entre
otros, los cuales, se encuentran en peligro; su patrimonio ambiental, su
soberanía y su supervivencia.
Por ello, dijo que nace la obligación de implementar la
cultura de la responsabilidad ambiental.
Consideró que, el mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales, es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el
nivel que corresponda y que deberá́ proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el de resarcimiento de
daños y los recursos pertinentes.
Para el legislador Benjamín Gómez, es impostergable
construir un sistema de justicia que posibilite la acción corresponsable del
gobierno y la sociedad civil en la protección del ambiente; que garantice la
efectiva reparación de los daños, la atención a las víctimas de la
contaminación y al mismo tiempo que desincentive económicamente a quienes no
han optado por el cumplimiento de la normatividad que tutela el ambiente.
Resaltó que, en los últimos años, se han registrado en
nuestro País y en nuestro Estado, un sin número de acontecimientos que han
tenido como resultado la contaminación de cuerpos de agua, suelos, subsuelo y
acuíferos.
Así mismo, se han hecho públicos casos de emisiones puntuales
de contaminantes que han impactado a sectores amplios de la sociedad, como:
descargas ilícitas de aguas residuales y desecho clandestino de residuos
peligrosos, por mencionar algunos.
De lo anterior, deviene la necesidad de contar con una Ley
de Responsabilidad Ambiental al alcance de la ciudadanía, en el cual la
autoridad pueda allegarse de elementos probatorios, valerse de las opiniones de
las instituciones administrativas ambientales, e incluso de instituciones
académicas y de investigación especializadas.
Finalmente expresó que las políticas públicas realizadas en
la materia, estipulan lo que considera constituyen las más importantes
propuestas para el desarrollo conceptual y práctico de esta rama del
ordenamiento jurídico que debe buscar la prevención, regulación y reparación de
las conductas que atentan contra el ambiente.
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