Cero Grados.-La diputada Alfa Peñaloza Valdez presentó una iniciativa
para aumentar la penalidad a quien cometa discriminación en perjuicio de la
Libre Educación Pública.
La inicialista justificó su propuesta de reforma al
considerar que el condicionar una inscripción, negar el acceso a la escuela por
el pago de una contraprestación o pago alguno, constituye a fin de cuentas
“abuso de autoridad” al afectar la igualdad del trato y oportunidades a todos
los alumnos.
El propósito es reformar el artículo 358 del Código Penal
del Estado, denominado “Discriminación en Perjuicio del Libre Ejercicio de la
Educación Pública”, el cual establece que se impondrán de dos a seis años de
prisión y hasta mil días de multa, a quien condicione por concepto del pago de
cuotas voluntarias u obligatorias, el derecho a recibir educación pública
gratuita, así como el ingreso de alumnos de educación pública preescolar,
básica, media y media superior, a los planteles que para este efecto
proporcione el Estado.
La iniciativa, que fue depositada en Oficialía de Partes del
Congreso del Estado, pretende incrementar a ocho años en lugar de seis y,
además, se le destituirá del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitará
para desempeñar otro, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión
impuesta, a quien incurra en esta falta.
Sobre el particular, la diputada Alfa justificó su
iniciativa en el hecho de que el condicionar una inscripción, negar el acceso a
la escuela por el pago de una contraprestación o pago alguno, constituye a fin
de cuentas abuso de autoridad y esta sancionado por la ley.
Además, la diputada argumentó que la educación es un derecho
universal que encierra la posibilidad de dignificar al ser humano, al tiempo
que contribuye a la mejora de la sociedad, y esta, “para nuestra nación,
adquiere el carácter de obligatoria, de acuerdo a la Constitución Federal que
establece la realidad de escuelas para todos; a que se disfrute en condiciones
de igualdad, con respeto a las diferencias y con la capacidad de que el
servicio que se brinde lo sea igual para quien puede o no hacer una aportación
adicional para su sostenimiento”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su
análisis y dictaminación, en su caso.
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