Cero Grados.-Con el objetivo de emitir recomendaciones que
salvaguarden los derechos humanos que tienen los pacientes, familiares, médicos
y enfermeros , el diputado José Antonio Casas del Real, presentó ante el Pleno
del Congreso del Estado una Proposición mediante la cual se exhorta al
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl
González Pérez, para que ordene una investigación sobre la situación que guarda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(Issstecali).
“La intención es que esta investigación, además, sirva de
guía para construir, en el futuro, las reformas legislativas necesarias para
devolverle la estabilidad al citado instituto, siempre preservando los derechos
humanos de todas y todos los involucrados”, destacó.
Durante su
exposición de motivos, Casas del Real citó que aunado a los problemas en el
pago de pensiones y jubilaciones, el Issstecali, ha sumado graves deficiencias
en la prestación de los servicios de salud que brinda a los burócratas de la
entidad.
Mencionó,
que al inicio de este año, burócratas tijuanenses denunciaron, ante un medio de
comunicación, que había desabasto de medicamentos en las clínicas de la
institución; así mismo, señalaron que las citas con especialistas podían
demorarse hasta cinco meses, lapso que puede comprometer la posibilidad de
salvar la vida a un paciente, aseguró.
Agregó que el director del Issstecali, Javier Meza López,
reconoció que, durante enero, se frenaron hemodiálisis y quimioterapias, dos
tratamientos vitales para preservar la vida de los pacientes, señaló que esto
se debe a los problemas financieros que enfrentan.
“Los involucrados se dedican a culpar a otros, sin que nadie
asuma su responsabilidad, politizando el tema, sin ponerse a pensar que,
mientras tanto, se están poniendo en riesgo la salud y lo más grave que pudiera
generar pérdida de vidas. La salud y la vida de un ser humano, debe estar por
encima de cualquier cosa”, aseveró.
Estas deficiencias no son responsabilidad de los médicos y
enfermeras de la Institución, se ven obligados a trabajar en tan penosas
circunstancias, dan la cara para asumir errores ajenos, hacen lo que pueden,
con lo que les dan por salvar vidas, enfatizó.
Las carencias que enfrentan ponen en peligro, su seguridad
jurídica, pues, si un familiar considera que existen razones para llevar ante
las autoridades judiciales un caso, podrían terminar sancionados por culpa de
quienes los han puesto en ese predicamento, subrayó.
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