Cero Grados.-Conforme las directrices establecidas por el
gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en la próxima
administración pública estatal que inicia el 1 de noviembre, la Oficialía Mayor
dará prioridad a la honestidad, la transparencia y el servicio eficiente,
respetuoso y amable a los bajacalifornianos.
Al dar a conocer lo anterior, el propuesto Oficial Mayor, Jesús
Núñez Camacho, reveló que los puntos clave de su plan de trabajo son: Eliminar
gastos superfluos, rematar vehículos innecesarios, sanear las nóminas de
dependencias estatales donde haya “aviadores”, acabar con viáticos ostentosos,
combatir los “moches” en licitaciones de obras o servicios y fomentar la
proveeduría de PYMES regionales.
“Este último punto, dijo, es de gran trascendencia porque el hoy
gobernador electo Jaime Bonilla Valdez asumió, durante su campaña, el
compromiso de fomentar la contratación de servicios y productos de pequeñas y
micro empresas para que sean preferentemente las que cubran las necesidades del
Gobierno del Estado”.
“Esto, precisó, sumado a la transparencia en las contrataciones
mediante licitaciones que serán transmitidas en vivo por diferentes redes
(Youtube, Facebook, Instagram, etc.), darán cuenta clara de que el nuevo
gobierno estatal pondrá freno a la ilegalidad y los contubernios acostumbrados
en otras administraciones para favorecer a los amigos o socios de empresas,
muchas de ellas foráneas”.
Citó que para ello, en el área de adquisiciones realizarán un
cambio general en el padrón de proveedores, “…vamos a cambiar todo ese esquema,
realizaremos talleres para enseñar a los PYMES a cómo venderle al Gobierno del
Estado, y terminar las licitaciones amañadas en las compras dirigidas; habrá
siempre un asiento para la representación ciudadana en los procesos de
licitaciones…”.
A REMATE MÁS DE 500 VEHÍCULOS INNECESARIOS
Una de las primeras acciones que realizará la Oficialía Mayor del
próximo gobierno estatal, será la de rematar un número aproximado de 500
vehículos que realmente no se necesitan; el primero de los remates será en
Tijuana, en el mes de diciembre, y participarán ciudadanos, no negocios del
ramo automotriz o autopartes conocidos éstos últimos como “yonques”.
“En base a la información que nos han entregado en los trabajos de
transición, sabemos que los últimos remates han sido hechos como si fuera los
vehículos fueran chatarra; los remates los haremos abiertos a la ciudadanía y a
golpe de martillo, es decir, el que oferte más es el que se lo lleva, no va a
ser a yonkeros ni a empresas”, puntualizó Núñez Camacho.
Al mismo tiempo, adelantó que el nuevo Gobierno del Estado de Baja
California no tiene planeado adquirir más vehículos de lujo o fuera de las
categorías de trabajo, funcionales, cuando así lo justifiquen la necesidad de
cumplir o prestar servicios en las dependencias que los soliciten con cargo a
sus presupuestos.
Con los remates de vehículos oficiales, actuales, estima que habrá
una reducción presupuestaria de 15 millones de pesos en gasolina y otros 14
millones en el mantenimiento de las unidades, “sin tomar en cuenta lo que vamos
a recaudar en al rematarlos, una suma que puede variar de entre 30 millones a
50 millones de pesos”.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
En cuanto al trato amable, respetuoso y eficiente que la próxima
administración estatal tiene como compromiso prioritario, el propuesto Oficial
Mayor del Estado adelantó que están preparando intensos programas de formación
y capacitación de servidores públicos, en todos los niveles de los gabinetes
legal y ampliado, desde el inicio del ejercicio en la primera semana de noviembre
entrante.
“Es nuestro compromiso, como lo ha instruido el gobernador electo
Jaime Bonilla Valdez, hacer notar el cambio en la relación y atención de
servidores públicos hacia la ciudadanía que acude a las dependencias para
realizar sus trámites, solicitar constancias o presentar reportes o denuncias
sobre la prestación de servicios gubernamentales o el comportamiento de
funcionarios estatales”, dijo.
“Nuestra premisa será la de que los empleados o funcionarios en
las dependencias del Gobierno del Estado, tengan la mejor actitud y disposición
para escuchar, atender y resolver sobre los temas que el ciudadano plantea,
sobre todo en los casos de adultos mayores, que merecen un trato afable,
respetuoso y confiable, porque así lo han estado demandando de sus gobernantes”,
finalizó.
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