Cero Grados.-El Pleno del Congreso de Baja California avaló por unanimidad un punto de acuerdo propuesto por el diputado Julio César Vázquez Castillo, del Partido del Trabajo, mediante el cual esta Soberanía exhorta al gobernador, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, a evitar que a la niñez y juventud se le violente el derecho a la educación en ciertos planteles escolares del Estado, ya que se les impide su ingreso por no portar uniformes con distintivos y/o comprar los uniformes con proveedores exclusivos.
Para ello, el presidente de la Comisión de Asistencia Social y Deporte pide al titular del Poder Ejecutivo estatal, instruya a la Secretaría de Educación y Bienestar Social a que cumpla con la reforma del artículo 5 de la Ley de Educación del Estado, publicada el 11 de marzo del 2016, la cual dice lo siguiente:
“El Ejecutivo Estatal en el ámbito de su competencia y atribuciones, está obligado a prestar servicios educativos suficientes a todos los habitantes del Estado para cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior bajo el criterio de la mayor calidad y equidad”.
Vázquez Castillo agregó que la fracción X del referido artículo menciona que el Ejecutivo establecerá los criterios para recomendar y autorizar, a través de la SEBS, el color y las características de los uniformes escolares en escuelas públicas y particulares de los niveles de educación básica y media superior.
Lo anterior, prosiguió, “tomando en consideración que las autoridades escolares no condicionarán el acceso o permanencia del alumnado a la adquisición de útiles escolares, uniformes con distintivos especiales y demás objetos vinculados al proceso de enseñanza aprendizaje, en establecimientos comerciales específicos. Los padres de familia o tutores adquirirán los materiales educativos y uniformes en donde más les convenga, sin que se les pueda obligar a comprarlos en establecimientos o marcas determinados”.
El legislador petista argumentó que, en el país, uno de los principales gastos que realizan los padres de familia para que sus hijos asistan a la escuela, es para la adquisición de uniformes escolares de uso diario y deportivos, así como útiles escolares, que en la mayoría de los casos afecta severamente la economía familiar.
Indicó que si bien es cierto coincide plenamente en que el estudiantado de educación básica y media superior debe de portar uniforme al momento de acudir a su escuela, ya que se considera como un medio de identificación idóneo que facilita su ubicación y agiliza su acceso, con el paso del tiempo este requisito se ha convertido en una fuerte carga económica para el estudiante y su familia, ya que cada escuela maneja discrecionalmente las características y color del uniforme, lo cual reduce las opciones para el padre o madre de familia.
“Como representantes populares, es nuestra obligación prever que en nuestra legislación en materia educativa, no se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes buscando siempre privilegiar el interés superior de la niñez”, concluyó el diputado Julio César Vázquez.
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