Con el objetivo de preservar el medio ambiente con acciones correctivas y efectivas, el legislador de Transformemos presentó un proyecto de decreto para incluir el Ecocidio en el Código Penal para inhibir los actos antisociales que dañan el medio ambiente y los ecosistemas
En su explicación de motivos, Moreno Hernández señaló que el Ecocidio es asociado al resultado de contaminación masiva tal como el vertido de desechos o contaminación por pesticidas o sustancias industriales que destruyan extensivamente la fauna y flora local, y también a la expansión inmobiliaria, por lo que consideró que el Ecocidio es también la referencia a la destrucción causada por especies debido a desequilibrios ecológicos.
“La indiferencia, indolencia y corrupción de las autoridades locales han mantenido oídos sordos hacia el problema de ecocidio que enfrentamos pese a las peticiones de ciudadanos y autoridades de Estados Unidos de tomar medidas para detener y prevenir problemas ambientales”, apuntó.
Para ejemplificar el grave problema de Ecocidio, el diputado ejemplificó que la cuenca de rio Tijuana también es fuente de contaminación transfronteriza, ya que arrastra en su cauce las aguas negras de centenas de viviendas que no están conectadas al drenaje; además que por la pesca excesiva de totoaba ha generado un desequilibrio ecológico con la pronta extinción de la vaquita marina en el alto golfo de California; y la extracción de arena en arroyos para fines industriales la cual afecta a miles de aves y reptiles.
Para afrontar esta situación, indicó Moreno Hernández, se impondrán sanciones como prisión hasta de seis años quien contamine, destruya la calidad del suelo, áreas verdes en suelo urbano, humedales, áreas naturales protegidas, suelos de conservación o aguas en cualquier cuerpo de aguas, entre otras situaciones como a quien genere emisiones de energía térmica o lumínica, olores, ruidos o vibraciones que dañen la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas, o generen contaminación visual por encima de lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas.
También de cinco a doce años de prisión y multa de mil a veinte mil UMAS a los que participen en la ocupación de predios con usos diferentes al de su vocación, o a los señalados en los programas de desarrollo urbano, en áreas naturales protegidas, suelos de conservación, zonas forestales, bosques, selvas, parques, áreas verdes en suelo urbano o barrancas.
De igual forma, manifestó que se impondrá multa de mil a veinte mil UMAS y de tres a ocho años de prisión, a las empresas o industrias, a sus responsables, que realicen u omitan las conductas que afecten al medio ambiente.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su respectivo análisis y posterior dictaminación.
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