En el contenido de la solicitud, se demanda al Congreso de Baja California por omitir el proceso legislativo en la sesión del miércoles 28 de julio, además se violó la normatividad vigente al no notificar a los ayuntamientos con por lo menos cinco días de anticipación. Se trata de diversos artículos de la Ley que Reglamenta los Servicios de Agua Potable de Baja California, y de la Ley de la Administración Pública del Estado de Baja California.
Los síndicos señalaron que se trata de un sentido de responsabilidad de proteger al erario municipal, ya que, si bien no están en contra de la municipalización, al no ser tomados en cuenta para discutir los términos y hacer un análisis adecuado se convierte en un problema para la administración municipal. Un ejemplo de ello son los transitarios del decreto, ya que se determina la transferencia de la deuda a los ayuntamientos.
Agregó que hasta ahora se desconoce, por ejemplo, la trascendencia financiera que Playas de Rosarito tiene para la CESPT, por lo que es necesario que se revierta la aprobación fast track del Congreso del Estado, estando entonces la vigésimo tercera legislatura estatal. Hasta el momento, Tijuana y Playas de Rosarito son los primeros municipios en acatar el decreto y crear sus propios organismos.
Recientemente, la mayoría de los ediles de Ensenada emitieron un documento a la síndica Elizabeth Muñoz Huerta, para que esta presentara una controversia constitucional, y lo mismo ocurrió en Tijuana, cuando 12 regidores presentaron un escrito similar a la síndica de Tijuana, María del Carmen Espinoza, para que se pronuncien al igual que dichos tres municipios.
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