El juez federal del caso fue Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La FGR puede solicitar una tercera vez las órdenes de aprehensión, siempre que presente más y mejores elementos de prueba para convencer al juez de los delitos que atribuye a los científicos.
La Fiscalía cuenta con tres días hábiles, a partir de que sea notificada, para apelar la determinación ante el Tribunal Unitario.
Esta es la segunda ocasión que un juez federal rechaza conceder las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR el pasado 24 de agosto.
El juez le solicitó al Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) perfeccionar el caso antes de hacer un nuevo intento. Pero también rechazó este segundo intento de la FGR.
La denuncia presentada ante la FGR acusa a los académicos de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos a una asociación civil con razón social Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt. En total, sería un monto de unos 200 millones de pesos, que fue el presupuesto asignado durante el sexenio pasado al órgano autónomo consultivo.
Fuente: https://www.animalpolitico.com/
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