Lo anterior, siguiendo como modelo el elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2020, dirigido al personal de servicio público, público usuario y personal sin nombramiento, como personas prestadoras de servicio social, personal de honorarios y personas subcontratadas, para garantizar el derecho de las mujeres a tener una vida libre de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual y cualquier forma de violencia.
La diputada Michel Sánchez explicó que “la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es clara cuando indica que las entidades federativas en función de sus atribuciones, establecerán las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia, fortalecerán el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan, promoverán y difundirán en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos, y diseñarán programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresor; además, que los tres órdenes de gobierno deberán: reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, entre otras tendientes a velar por los derechos de la víctimas de estas conductas. Ante estas obligaciones, no debe mediar omisión, menos aún, en detrimento de las víctimas del delito”.
En ese sentido, corresponde a las y los servidores públicos cumplir con el compromiso de actuar bajo el respeto, la igualdad y la protección de los derechos humanos de todas la personas, y por ello, no se debe omitir que los mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres han expresado su preocupación por las consecuencias de la discriminación y las violencias, recomendando a nuestro país en reiteradas ocasiones garantizar un vida digna libre de violencias.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2015 a septiembre de 2021, los casos por hostigamiento han aumentado, colocando a Baja California en el cuarto lugar a nivel nacional, sin embargo, el número de casos por acoso sexual reporta mayores incidencias. Sin embargo, aún está pendiente la armonización de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California y nuestro Código Penal, para dotar de una nomenclatura autónoma al delito de Acoso Sexual.
Estas conductas son una clara manifestación de las violencias que afectan principalmente a las mujeres, lacerando su dignidad e integridad, por lo que la legisladora morenista, atendiendo el compromiso como diputada Constitucional de la XXIV Legislatura y, en reconocimiento a los altos índices de violencia contras las mujeres que han dado paso a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado, se pronunció por la “CERO TOLERANCIA AL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL”, así como en contra de toda las formas de violencias que atentan contra las libertades y derechos de las mujeres o cualquier acto u omisión que atente contra la integridad y dignidad de las personas.
"Así también, he presentado un oficio para llevar a cabo la capacitación al personal de la XXIV Legislatura del Congreso de Baja California, relativo a la “Atención a casos de hostigamiento y acoso sexual” y el “Protocolo para la atención, prevención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual” impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres”, declaró.
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