El legislador del PRI, mencionó que la violencia como fenómeno social, ha incrementado en los últimos años, y que aun cuando la labor de los congresistas es legislativa, “también debemos ser fiscalizadores de las instancias estatales”.
Subrayó que, la pandemia ocasionada por el virus Covid19, trajo como consecuencia la denominada “otra pandemia” en relación a la violencia contra las mujeres, registrándose en el año 2020, un número de 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en todo el país, y solo 900 fueron catalogadas como feminicidio, es decir más de dos feminicidios diarios en México.
A esta terrible estadística, se suma la violencia intrafamiliar que reconocieron los municipios de Mexicali y Tijuana, y en el caso de la capital, se dieron 608 llamadas relacionadas con este tipo de violencia en el citado año.
En lo que se refiere a Tijuana, dijo que los albergues se llenaron a razón de huir de la violencia en casa, y esta situación hace patente que la otra pandemia en donde factores como el encierro detonaron la violencia intrafamiliar, en algunos lamentables casos desembocaron en feminicidios.
Indicó que, con el regreso paulatino a la nueva normalidad, y la recuperación en el empleo en nuestra Entidad, la estadística aun es alarmante en relación a la violencia contra la mujer.
Luego citó que, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicó el pasado 30 de junio del 2021, el índice de violencia contra la mujer, en el cual se menciona que Tijuana ocupa el nada honroso sexto lugar nacional en feminicidios, siendo un total de 495 feminicidios en México en periodo de enero a junio de este año.
Román Cota resaltó que, durante los meses pasados de su campaña, y todavía hasta hoy en los recorridos vecinales que realiza, uno de los principales reclamos de la sociedad, es el de abatir esta conducta en el ámbito que les corresponde, la legislación.
“Hoy en día se tipifica (el feminicidio) con una pena mínima de 35 años, así como una multa de 200 salarios mínimos. Aun cuando en apariencia se observa una pena alta en función a la conducta punible, la estadística antes mencionada nos dice que no se ha inhibido esta conducta, por el contrario, está incrementándose”, señaló.
Expuso que en Baja California los esfuerzos legislativos para hacer de la Entidad un entorno más seguro para las Mujeres, se remite al 2008, con la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro de la cual la alerta de género se agrega en 2016 mediante el Decreto No. 522, publicado en el Periódico Oficial No. 34.
Por estas consideraciones, así como para inhibir estos delitos, el legislador busca proteger a la mujer a toda costa, proponiendo un incremento de la pena de 5 años y en 800 salarios mínimos. “Esto deberá de ir acompañado de una campaña de difusión, en donde si se atrevieran a cometer este atroz crimen, se expongan las consecuencias que trae, ya que la pena imputable es considerable”.
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