En la exposición de motivos, se explicó que, en el estado de Baja California, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que la población de 65 años y más es de 6.5%, lo que revela una población más envejecida y la segunda en Baja California con mayor número de personas de ese rango de edad.
Además, el 9.6% de la población estatal tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana, 4% tiene discapacidad y 1.4% tiene algún problema o condición mental. En total, 14.4% de la población en la entidad tiene alguna limitación en la actividad cotidiana, discapacidad o algún problema o condición mental.
Derivado de esas condiciones, esos grupos vulnerables día a día comienzan su batalla por encontrar un empleo digno, debido a su condición física o a su edad, que les permita tener las mismas oportunidades que el resto de la población como lo marca la Carta Magna en su artículo 5 Constitucional.
La legisladora inicialista, Araceli Geraldo, indicó que existe una deuda histórica con estos grupos vulnerables que por décadas no fueron atendidos, y aunque ya se empezaron a dar los primeros pasos, aún hay mucho por hacer para construir un futuro cierto, de plena justicia e incluyente.
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