En su exposición, la funcionaria estatal dijo que están trabajando para ser garantes, como procuradores de protección, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, poniendo al centro las políticas públicas, la transversalidad, fortaleciendo a directoras y directores de los albergues con capacitaciones, y trabajando en un proyecto de Ley de Adopciones para dar mayor seguridad jurídica a las y los menores.
Indicó que la entidad cuenta con una Subprocuraduría Estatal, que despacha desde Zona Costa, donde se encuentran la mayoría de los albergues y casas hogar, módulos temporales para menores migrantes, asistencia a acreedores alimentarios a través de un convenio de colaboración con el estado de California, en Estados Unidos. Indicó además que actualmente hay mil 337 menores institucionalizados en casas hogar, 263 adolescentes y mayores de edad con alguna discapacidad.
Al iniciar la ronda de preguntas, la diputada Alejandrina Corral, cuestionó respecto los casos en los que fueron clausuradas casas hogar, donde hubo denuncias de violencia y omisiones, que sustentaron la resolución por la que se determinó la clausura de los inmuebles, a lo que la Procuradora del DIF indicó que, como resultado de las visitas de inspección, se pudo constatar a través de entrevistas psicológicas a las y los menores, evidencias de maltrato psicológico, físico y, en algunos casos, presuntos delitos de índole sexual, por lo que se emitió como medida cautelar la suspensión y se reubicaron a los menores, de igual forma se detectó en Tijuana que otra institución de asistencia privada, carecía de licencia de operación y se perdió la vida de una menor.
La Procuradora indicó que “la Ley de Instituciones ordena que las visitas de inspección se realicen dos veces al año, sin embargo, ahora se duplicaron, aumentando así las supervisiones y ya hay siete suspensiones, mismas que están en etapa de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado,q en el caso donde hubo vulneración física y psicológica, y el caso donde hubo situaciones de abuso sexual ya se generó una orden de aprehensión”.
Por su parte la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, cuestionó a la Procuradora si existe un protocolo de atención a menores migrantes indígenas específicamente, a lo que respondió que en los módulos de Centros de Atención Social (CAS), sí se está trabajando para atenderlos, ya que se reciben menores principalmente de los estados de Oaxaca y Chiapas, apoyándose en el INPI, y autoridades de los estados para tener acceso a intérpretes, sin embargo, no cuentan con esta figura dentro de la Institución.
En el turno del uso de la voz, el diputado Juan Manuel Molina García, cuestionó acerca de los procedimientos en los que se basan para saber si a un menor lo ingresan a un albergue o a una casa hogar y a qué municipio los trasladan, ya que se dan casos de menores que trasladan y que la autoridad no informa o dice desconocer en donde se localizan, la Procuradora explicó que primero se identifica el derecho vulnerado, y se toman las medidas de protección establecidas en la Ley General de la materia, si no hay familiares localizados o que se apersonen, se determina su situación, y si es necesario se analizarán los casos específicos en los que se ha detectado esta situación particular.
La Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, externó que ha visitado diferentes espacios que albergan a los menores, donde ha dado cuenta de los cambios que se han realizado en favor de éstos, por lo que felicitó a la Procuradora, a la directora del DIF estatal, Mónica Vega, así como a la Dra. Mavis Olmeda García, presidenta del Patronato DIF, y su equipo por el trabajo desarrollado hasta el momento.
La diputada Alejandrina Corral, solicitó realizar una reunión posterior para analizar los reglamentos, protocolos y las leyes, en los que se basa el DIF para la institucionalización de las y los menores, así como saber cuántos han sido los traslados que se han hecho y sus procedimientos de atención para recepción de distintos perfiles, para que en su caso también desde la Comisión de Derechos Humanos se realicen las armonizaciones legislativas necesarias en torno a la protección integral de los derechos de los menores.
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