El legislador motivo su pretensión ante la creciente ola de movimientos migratorios del tipo nacional e internacional, que en su intento de llegar sobre todo a Estados Unidos, se quedan varados en nuestro Estado, provocado un incremento considerable de residentes, lo cual ha sido aprovechado por grupos de personas que se dedican a ocupar inmuebles con el fin de invadirlos o despojarlos de sus propietarios.
Otro factor que aqueja la comisión del delito, es que estos inmuebles en ocasiones son usados para cometer otros delitos, como el secuestro, narcotráfico, trata de personas, entre otros, situación que afecta a los legítimos dueños, o a los mismos vecinos, ya que los invasores propician la baja de plusvalía de los inmuebles en la zona.
“Es lamentable que las familias de las colonias afectadas, ante la inseguridad, el vandalismo, así como la venta y consumo de drogas ilícitas, como consecuencia de los asentamientos humanos irregulares, no puedan denunciar ante las autoridades, al no ser propietarios de los inmuebles invadidos”, expuso Miguel Peña.
Con respecto a lo anterior el diputado plantea insertar otros supuestos como: el que se sancione de uno a seis años, al que emplee la amenaza o engaño para ocupar, habitar o hacer uso de un inmueble que no es de su propiedad, al que de propia autoridad ocupe, habite o asiente un inmueble, sin tener acuerdo con el propietario, haga uso para arrendamiento u usufructo.
Entre otras consideraciones que el inicialista propone, destaca que el delito de invasión de inmueble se perseguirá de oficio, y podrá ser denunciado por cualquier persona que se considere directa o indirectamente afectada por el asentamiento humano irregular.
Cabe mencionar que la iniciativa en mención fue turnada para su debido análisis y estudio de viabilidad, a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para continuar con el proceso legislativo que señala la Ley.
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