En dicha reunión, la diputada Rocío Adame, manifestó la apertura que existe por parte de la XXIV Legislatura para atender y escuchar a quienes han sufrido este crimen, para que se armonicen las leyes estatales y de esta forma, se puedan dotar de herramientas jurídicas a instituciones como la Fiscalía Especializada y Comisiones de Búsqueda, además de que reiteró el compromiso, para impulsar los espacios de diálogo y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares.
Por su parte, la representante del Colectivo Madres Unidas y Fuertes, la C. Irma Leyva, indicó que es necesario y urgente contar con una Ley estatal en materia de desapariciones forzadas. En su participación, el C. Gonzalo Moreno (papá de Kevin Moreno), explicó los principales puntos que piden sean considerados dentro de la Ley en materia de Desaparición Forzada para el estado, que son: la prevención desde Seguridad Pública de los Ayuntamientos, las participaciones de las diferentes instituciones, movilidad para las víctimas secundarias, la constitución de unidades especializadas en todos los municipios y que la Unidad Especializada de la FGE sea de élite, así como capacitar al funcionariado para evitar la revictimización.
Además, pidieron el apoyo para que se contribuya a la sensibilización de este tema que lastima a familias bajacalifornianas y que se considere la asignación de un presupuesto adecuado y que sea vigilado, para fortalecer tanto a las instituciones como al personal y al equipo operativo implicado en las labores de búsqueda dentro del Estado. Como ejemplo, dieron a conocer que en Mexicali existe una Unidad de búsqueda en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pero se encuentra dentro de un área de inteligencia en lugar de estar en la Unidad para la Atención de Personas en Estado de Vulnerabilidad (UNAPEV).
Cabe destacar que la diputada morenista, Rocío Adame, es inicialista de la iniciativa para crear la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Baja California, por lo que están próximas a establecerse las mesas de trabajo para hacer un análisis profundo de las leyes estatales y los procedimientos para ser más eficientes en la atención de este delito y su prevención.
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