Las 13 obras comprenden una primera fase del financiamiento, focalizadas a evitar fugas y derrames, con lo cual se reducirá de manera considerable el riesgo de contacto con aguas residuales sin tratar y la posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, así como los flujos transfronterizos hacia Estados Unidos, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 del Gobierno de Baja California.
El secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexía, presentó la lista y plan de trabajo de los 13 proyectos seleccionados para recibir financiamiento sostenible en esta primera etapa, ante el subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México, Gabriel Yorio González, con la participación del director General Adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), John Beckham.
"Felicitamos al Gobierno de Baja California por el desarrollo de este instrumento crediticio innovador que contribuirá a cerrar la brecha en el rezago de infraestructura hídrica en el Estado y además apoyará medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en el sector de agua", señaló el director general Adjunto del NADBank.
El secretario Marco Moreno mencionó que en seguimiento a las instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar se cumplió con el proceso de dictaminación de los primeros proyectos en infraestructura hidráulica a financiar.
Asimismo, para garantizar que la selección, ejecución, administración y desarrollo de los proyectos, se realicen acorde con lo establecido en el Marco de Bonos/Financiamientos Sostenibles de Baja California, se constituyó el Comité Técnico de Inversiones, mismo que operará como un cuerpo colegiado, para asegurar que se implementen los recursos apegados a un mecanismo de transparencia, enfatizó Moreno Mexía.
El Comité Técnico de Inversiones revisará la información correspondiente a los Proyectos, incluyendo los de infraestructura hidráulica y, cuando aplique, que tales cuenten con acceso tanto a los sistemas de drenaje como a los procesos de recolección y tratamiento, así como con los Reportes entregados por el Acreditado y el Consultor Externo Independiente (financiado parcialmente por el NADBank), para efectos de validar, durante el Periodo de Ejecución, su cumplimiento con lo establecido en el Decreto, el Marco de Sostenibilidad, el Convenio de Asistencia Técnica y los Contratos de Financiamiento, priorizando la mayor rentabilidad de los mismos y procurando que generen un impacto positivo en beneficio de la población de la entidad.
En el caso de la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) San Antonio de los Buenos en Tijuana (la cual ayudará a minimizar descargas sin tratamiento hacia el Océano Pacífico con impacto en playas mexicanas y estadounidenses), ya se cuenta con el recurso de apoyo por parte del Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN/ Banobras, además de los recursos autorizados de la aportación estatal a través del Bono Verde y la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Actualmente se está complementando la información requerida por el gobierno federal para proceder a licitar de manera inmediata.
Además de la planta San Antonio de los Buenos, en Tijuana también se incluye la rehabilitación de la planta potabilizadora Abelardo L. Rodríguez, el acueducto Presa Abelardo L. Rodríguez a tanque Morelos y la PTAR Rosarito Norte; en Mexicali se construirá el nuevo emisor “Voluntad”; en Ensenada se realizará la reposición de las redes de agua potable para siete colonias; y en Tecate se ampliará la planta potabilizadora La Nopalera.
Estas obras tendrán un costo total de 794 millones de pesos que se cubrirán con el primer crédito por mil millones de pesos otorgado por NADBank al Estado para el financiamiento sostenible.
Las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de cada municipio realizarán dichas obras, por lo que recibirán los recursos del Gobierno de Baja California a través del financiamiento sostenible.
Este financiamiento forma parte del "Marco de Bonos Sostenibles del Estado de Baja California", con base en la estrategia general de cambio climático y políticas sociales del Estado y del país, y alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), que tienen por objetivo poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.
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