Como antecedente, la iniciativa fue presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende en fecha 22 de mayo de 2023, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
Cabe destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en junio de 2021 hizo un llamado al Congreso de la Unión y a los 27 congresos locales, entre ellos al Congreso del Estado de Baja California a fin de que tipifiquen la violencia obstétrica.
La propuesta, también considera incorporar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro del tipo de violencia obstétrica, el abuso de medicación y patología de los procesos naturales, o cualquier otra que tenga como resultado la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad, brindar capacitaciones con perspectiva de género e intercultural del personal de salud y administrativo.
De igual forma, definir el delito de violencia obstétrica y las penas previstas dentro del Código Penal estatal que dependiendo de la conducta van de uno a seis años de prisión, considerando las recomendaciones de la Red de Defensoría de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, se señala que el Dip. Román Cota Muñoz presentó reforma a la Ley de Salud el 17 de octubre de 2022 para visibilizar y prevenir esta violencia.
En el mismo sentido, dentro de la Ley de Salud, busca adicionar que el embarazo, el parto y el puerperio se deberá realizar de manera integral, libre de violencia y con perspectiva intercultural, incluyendo la atención psicológica que requiera, así como establecer acciones institucionales para identificar, prevenir y erradicar la violencia obstétrica.
Según datos de la encuesta ENDIREH 2021, durante el 2016 al 2020 en Baja California, 3 de cada 10 mujeres sufrieron al menos un tipo de maltrato de quienes las atendieron durante el parto. Mientras que el “Estudio Sobre Díadas de Embarazo en Adolescentes” de INMUJER BC, resalta que el pertenecer a un grupo indígena, contar con escasos recursos económicos, una baja escolaridad o haber resultado embarazada a una edad que socialmente no es considerada correcta, como ocurre con las adolescentes, las vuelve aún más vulnerables.
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