Por otro lado, se pretende incorporar como otra circunstancia de razón de género, cuando el culpable del ilícito haya obligado a la víctima a realizar una actividad, trabajo o cualquier forma de explotación.
“Con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en todo el país, y a pesar de ello el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales no han diseñado una política integral para enfrentarlos y abatir la impunidad que los caracteriza”, puntualizó el congresista del partido Fuerza por México.
La violencia contra la mujer se ve agravada por presiones sociales, como la vergüenza de denunciar ciertos actos; la falta de acceso a información, asistencia legal; el hecho de que no se reformen y que no se hagan cumplir las leyes en contra de la violencia hacia la mujer, la falta de medios educacionales y de otro tipo para combatir las causas y consecuencias de este delito.
El legislador subrayó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó en el primer trimestre de 2023, que el municipio de Tijuana ocupó el quinto lugar dentro de los primeros 50 con más alto índice de feminicidios en todo el país, mientras que Mexicali y Ensenada, los lugares 46 y 47, respectivamente.
Dijo que, el feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, está conformado por el conjunto de conductas misóginas, de maltrato y violencia física, psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, familiar entre otras.
“Es necesario homologar a nivel local, todos los tipos de violencia contra las mujeres, con la finalidad de lograr la coordinación para articular acciones que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres, en este caso, la violencia feminicida”, expuso Miguel Peña.
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