Con dicho objetivo, la legisladora de Morena presentó recientemente una reforma la Ley de Salud Mental del Estado de Baja California, que tendría como consecuencia los siguientes puntos: que dicha procuraduría actúe como un defensor legal en nombre del menor, asegurando que se respeten sus derechos y se cumpla con las leyes y regulaciones que los protegen.
Así mismo, trabajar para garantizar su bienestar y seguridad, evitando situaciones de abuso, explotación o cualquier forma de maltrato. Y en casos de migrantes sin compañía, que la procuraduría pueda colaborar con las autoridades para reunir al menor con sus familiares o tutores, si es posible, y en el mejor interés del niño.
Además, mencionó en su exposición de motivos que, en relación con la percepción de los migrantes sobre su estado de salud mental, son comunes la presencia de síntomas de estrés, angustia y ansiedad, que son consecuencias de la violencia experimentada.
Estos menores de edad, suelen enfrentar múltiples desafíos y vulnerabilidades ya que están separados de sus familias, y carecen de la protección y el apoyo necesarios para su bienestar físico, emocional y social.
Y para resistir condiciones de soledad, se requiere fortaleza psicológica y física, especialmente porque a ellas suele sumarse un contexto hostil: la persecución policial, la explotación laboral o el peligro físico.
Por tales motivos, la presente propuesta aspira a fortalecer la actuación del Estado ante un escenario que se pueda presentar en aras de maximizar los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, y los migrantes sin compañía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario