Para garantizar la eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez los entes públicos que asumirán las funciones ajustarán sus estructuras y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.
De esta manera los organismos que serán extintos son: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía.
El proyecto establece en sus disposiciones transitorias que los ahorros y economías generados por la desaparición de los entes públicos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, asimismo, los recursos materiales, registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de estos organismos serán transferidos a las dependencias del Ejecutivo Federal o al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según corresponda.
Para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de los entes públicos que desaparezcan, serán incorporados a las dependencias que asuman las funciones de estas instituciones, siempre que sea procedente, asegurando la continuidad laboral y la correcta asignación de sus atribuciones.
El proyecto de reforma a la Constitución Nacional fue presentado ante el Pleno mediante el dictamen 14 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por conducto del diputado Juan Manuel Molina García, el cual contó con 18 votos a favor de las bancas de Morena, Verde y Fuerza por México, y en contra PT, PRI y MC, mientras que la fracción del PAN no se presentó.
Para justificar su postura, el diputado Jaime Cantón comentó: “La decisión es muy sencilla; dedicar los recursos a gasto gubernamental o a las pensiones de adultos mayores. Por ello mi voto es a favor de la gente, y siempre será un orgullo caminar de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda”.
Después de escuchar las diferentes posturas de algunos legisladores, el diputado Juan Manuel Molina subrayó que la iniciativa tiene como propósito transversalizar la política de austeridad republicana y oponerse al régimen neoliberal en los que existió un dispendio de los recursos a través de macroestructuras burocráticas con toda clase de bonos, prestaciones y privilegios que van en demérito de la sociedad mexicana.
Con el voto aprobatorio de la XXV Legislatura del Congreso de Baja California, las diputaciones reafirman su compromiso con la optimización de los recursos públicos y el fortalecimiento de políticas sociales bajo los principios de modernización y racionalidad.
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