En el primer caso, la Unidad de Investigación de Robos Zona Centro logró la sentencia condenatoria contra Rafael Villegas Ortiz por el delito de robo con violencia, ya que el 9 de abril de 2023, amagó con una navaja a un masculino sobre la calle Segunda esquina con avenida Revolución, en la colonia Centro, despojándolo de un teléfono celular.
Debido al oportuno señalamiento de la víctima, el acusado fue asegurado por oficiales de la Policía Municipal, encontrándole en su poder el objeto robado. Por este motivo, el Juez de Control dictó sentencia de 3 años 6 meses de prisión.
En la segunda carpeta de investigación, la Unidad de Investigación de Robos Zona La Mesa obtuvo una sentencia condenatoria contra Carlos Francisco Sánchez Silva, quien el 14 de septiembre de 2021 ingresó con arma de fuego a la negociación Coppel Canadá, ubicada sobre el bulevar Díaz Ordaz en la colonia Reynoso, despojando a las víctimas de $11,120 pesos.
El caso concluyó mediante procedimiento abreviado, estableciendo 4 años como pena de prisión sin posibilidad de beneficios libertarios, una multa y la reparación del daño.
De acuerdo con el tercer expediente la Unidad de Investigación de Robos La Mesa logró sentencia condenatoria contra Óscar Abraham Ibarra Barraza, por el delito de robo calificado a un establecimiento comercial abierto al público.
El 12 de diciembre de 2023, el acusado transitaba por la avenida de las Presas, en la colonia Terrazas de la Presa. Al pasar frente a un establecimiento comercial junto a la banqueta y abierto al público, el acusado sustrajo sin derecho ni consentimiento diversa mercancía que encontraba en exhibición.
Posteriormente, el acusado continuó su marcha con los objetos robado en su poder, siendo señalado por testigos a elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a su detención y presentación ante la autoridad ministerial.
El caso culminó el 6 de enero de 2025 mediante un procedimiento abreviado, en el cual el Juez dictó sentencia condenatoria contra Óscar Abraham Ibarra Barraza, imponiendo 3 años y 8 meses la pena de prisión, una multa y pago de reparación del daño.
Estos resultados reflejan el esfuerzo constante de la Fiscalía General del Estado para combatir los delitos patrimoniales y garantizar justicia para las víctimas, contribuyendo así a la seguridad de Baja California.
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