Diego Echevarría destacó que actualmente no existe un término constitucional que obligue a las autoridades estatales a contestar en un tiempo determinado, lo que provoca incertidumbre jurídica y posibles dilaciones injustificadas. “Con esta reforma, se busca garantizar que el derecho de petición sea efectivo, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública”.
Agregó que esta modificación asegurará que el derecho de petición no quede sujeto a la discrecionalidad de cada autoridad ni se convierta en un mero trámite formal que pueda postergarse indefinidamente.
El legislador explicó que esta reforma se apega a las facultades del Congreso y al principio del federalismo, sin contradecir la Constitución federal, sino que se otorga mayor eficacia y operatividad a un derecho que es esencial para la interacción entre gobernantes y gobernados.
Otras entidades, como Veracruz, han implementado esquemas similares para dar certeza a la ciudadanía y agilizar los trámites gubernamentales. En ese sentido, consideró que Baja California debe avanzar en la misma dirección, asegurando que el acceso a la gestión pública no dependa de la discrecionalidad de las autoridades.
“Esta iniciativa se basa en el principio de progresividad de los derechos humanos, garantizando a la ciudadanía un mecanismo más eficiente para interactuar con el gobierno y obtener respuestas en tiempo y forma”, reiteró Echevarría Ibarra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario