Con la aprobación del Dictamen No. 2 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores que contiene dicha iniciativa, se fortalece el marco jurídico de Baja California en beneficio de las y los mayores de sesenta años.
Al contemplarse la citada figura en la legislación, se busca garantizar que los servidores públicos les otorguen un trato digno y libre de este tipo de violencia, indicó la Legisladora del Partido Morena.
Esta reforma les dará una mayor protección, promoviendo un entorno más justo y respetuoso, debido a que permitirá una mejor vigilancia y sanción de los abusos cometidos por servidores públicos, asegurando su pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Los derechos de las personas adultas mayores, están previstos en la Constitución, leyes secundarias y Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
Cabe mencionar que esta figura ya se contempla en las legislaciones de otros estados de la república, como son: Nuevo León y Ciudad de México, lo que advierte su procedencia jurídica.
Por tales motivos, fue aprobada la reforma a la fracción VI del artículo 6 BIS de la Ley citada, para quedar como sigue: La violencia institucional. Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, así como su acceso al disfrute de políticas públicas.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), para el segundo trimestre de 2022, se estimó que en México residían 17,958,707 personas de 60 años y más, lo que representa el 14 por ciento de la población total del país.
El censo de 2020 realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en Baja California residen 245,280 adultos mayores, representando el 6.5 por ciento de la población total de la Entidad.
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