Rosarito Informa.-El secretario
general de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides, reiteró el exhorto a
los gobiernos municipales para que eviten otorgar más permisos para la
instalación de casinos, pues advirtió que más allá de los beneficios
económicos, esos establecimientos han causado un impacto social
negativo.
Tan es así, dijo, que ya se busca legislar para que las decisiones no sean tomadas exclusivamente por los municipios.
En los últimos
cuatro años las casas de juego se han incrementado de forma
extraordinaria, así que la propuesta del Ejecutivo estatal de limitarlos
es correcta, señaló al hacer un comparativo entre lo que pasa en la
entidad y otros puntos del país
.
“Solamente
comparando a Mexicali con el Distrito Federal, o a Baja California con
el Distrito Federal, no puede ser que seamos un estado donde tengamos el
mayor número de casinos per cápita, por persona… entonces yo creo que
sí debemos darnos a una tarea institucional de limitar y de prohibir el
mayor número de casinos que se pueda en Baja California”, expresó
Cardona.
De acuerdo con
datos recientes, en la capital del país hay cerca de 40 casas de juego y
en Baja California se calculan 37, pero no se puede comparar un estado
con 3 millones y medio de habitantes contra una urbe que tiene ocho o
diez millones, señaló.
El asunto de
los casinos no es sólo económico sino de carácter social, dijo al
explicar que tanto el Ejecutivo estatal como la Comisión de Gobernación
aprobaron un dictamen en el que se reforma la Ley de Desarrollo Urbano
para impedir la instalación de ese tipo de establecimientos en la
entidad.
“Lo malo de
todo esto es que son tareas o facultades municipales, lo de los permisos
de instalación, construcción y operación”, reconoció y dijo que ante
esta realidad se debería buscar cómo hacer para que constitucionalmente
esos temas puedan recaer en el gobierno estatal o federal, incluso en la
operatividad.
Aunque
insistió en que los casinos generan más afectaciones sociales que
beneficios económicos, reconoció que no existe algún estudio concluido,
pero “sin lugar a dudas el tener tantas salas de apuestas generan una
adicción al asunto de juego y en consecuencia traen consecuencias
nocivas para la sociedad”.
Se trata de
una actividad lícita que genera empleos y derrama de dinero, pero debe
ser acotada y no puede prevalecer sobre el derecho de la población,
dijo.
Cardona
recordó que en el caso de Playas de Rosarito se solicitó un amparo para
poder otorgar el permiso de operación de casas de juego, mientras tanto
la Federación y el gobierno estatal se mantienen al pendiente de la
operación de los que están abiertos para recurrir a la clausura cuando
proceda.
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