El
objeto de esta última, que surge
de una Iniciativa presentada el Diputado Julio
Felipe García, es establecer dicho parlamento como un órgano en el cual la
juventud del Estado se reúna para expresar sus preocupaciones, sus intereses,
motivaciones y aspiraciones, a fin de que a través del diálogo encuentre en
forma colegiada alternativas que contribuyan a mejorar la situación de este
sector.
Esta
nueva Ley consta de 43 artículos y en ellos se faculta al Parlamento para
presentar Iniciativas que vayan encaminadas a beneficiar a la juventud y se
designa al Poder Legislativo del Estado, al Gobierno Estatal, a los gobiernos
municipales y a las instituciones educativas medio superior y superior como las
instancias para establecer las condiciones y brindar las facilidades que sean
necesarias para que los jóvenes se organicen y elijan a sus representantes al
mencionado parlamento.
En
otro tema, los integrantes de esta comisión legislativa, que preside el
Diputado Juan Montejano de la Torre, aprobaron una Iniciativa presentada por
los mismos grupos parlamentarios cuyo propósito es reformar el artículo 90 de
la Constitución local, a fin de que desaparezcan las partidas secretas que
maneja a su discreción el titular del Ejecutivo del Estado.
Los
Inicialistas argumentaron que esta partida se creó para que el gobernante en
turno pudiera hacer frente a contingencias de una manera eficaz cuando la
urgencia del asunto así lo ameritara, pero dijeron que en la actualidad ya no
se justifica la discrecionalidad y si en cambio es necesario transparentar el
gasto público.
También
se dictaminó en sentido procedente una Iniciativa para reformar la fracción III
del artículo 116 de la Constitución General de la República, a efecto de que
los Magistrados sólo puedan ser reelectos por un período más, sin que su cargo
en el Poder Judicial exceda de 15 años.
Además
se dio el visto bueno a una propuesta por medio de la cual se reforman diversos
artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, con la finalidad de
establecer una póliza de garantía para obligar a las empresas urbanizadoras a
que cumplan con el proyecto inicial presentado ante las autoridades
correspondientes.
De
acuerdo con esta reforma, se otorgará un plazo de 60 días para que las
autoridades correspondientes certifiquen el cabal cumplimiento, pero si en ese
tiempo estas últimas no hicieran su parte, se extenderá una autorización ficta,
pero si el desarrollador fuera el que incumple, se le aplicará una sanción
económica.
Más
adelante se aprobó una Iniciativa de Reforma que modifica los 2191 y 2194 del
Código Civil del Estado, cuyo objetivo es armonizar los valores establecidos en
este ordenamiento, en relación con la enajenación de los bienes, de acuerdo a
las realidades sociales y económicas que se actualizan en el Estado, por lo que
se incrementa de 7 mil a 13 mil salarios mínimos generales para la traslación
de dominio, con lo que se busca beneficiar a los trabajadores de los tres
órdenes de gobierno o a personas de escasos recursos económicos en la
adquisición de bienes inmuebles.
También
se aprobó, aunque en forma parcial, una Iniciativa con proyecto de Decreto que
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección Civil estatal,
así como el Código Penal del Estado, con el objeto de establecer la obligación
de la Dirección de Protección Civil para mantener actualizado de manera
permanente el Atlas de Riesgo, en forma semestral y sancionar a los servidores
públicos que, por acción u omisión, no realicen eficazmente su labor en esta
materia.
Asimismo,
este órgano colegiado aprobó una Iniciativa que reforma el Código Penal del
Estado con el propósito de tipificar conductas antijurídicas que tienen como
instrumento u objeto final, los vales de despensa, cuyo uso indebido impacta
directamente en el patrimonio de familias bajacalifornianas, al igual que de
las empresas legalmente establecidas en la Entidad.
Los
Diputados integrantes de esta comisión aprobaron también el dictamen
correspondiente a una Iniciativa que pretendía reformar los artículos 7, 20, 27
y 62 de la Ley de Protección Civil del Estado con la intención de que las
empresas relacionadas con el turismo y que se encontraran a orilla de la playa
o contaran con alberca, contaran con mecanismos y personal de salvamento para
evitar pérdidas humanas, pero la propuesta no reunió los requisitos y fue
declarada como improcedente y en ese sentido se aprobó el dictamen.
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