Rosarito Informa.- A casi dos años de que dos jóvenes tabasqueños fueran asesinados por integrantes de un comando mixto de militares y policías, los familiares de las víctimas denuncian que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) está “congelada” con la finalidad, señalan, de “proteger a los asesinos”.
Peor aún, la averiguación previa del caso de los homicidios de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, acribillados en Jalpa de Méndez, Tabasco, el 14 de noviembre de 2010, fue enviada al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (Cenapi), organismo sin facultades para realizar pesquisas judiciales, por lo que el caso sigue impune.
Chan Javier y Pérez Román fueron interceptados por un convoy del Grupo de Operación Mixto Tabasco, integrado por más de 30 efectivos del Ejército, la Marina y policías federales, estatales, de Seguridad Pública y ministeriales. Los dos muchachos quedaron destrozados por los disparos.
El caso dio lugar a la recomendación 59/2011 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que se demostró que, como en muchos casos similares, el comandante del operativo, un teniente adscrito al 57 Batallón de Infantería de la XXX Zona Militar, ordenó la alteración de la escena y la siembra de armas junto a los cuerpos de los jóvenes asesinados. Se intentó incluso colocar una falsa narcomanta.
En comunicados relativos al incidente, las Secretarías de la Defensa (Sedena) y de Marina sostuvieron que los jóvenes habían huido de un retén y habían disparado contra el convoy.
“El gobierno federal y particularmente el presidente Felipe Calderón están protegiendo a los asesinos, porque tienen archivada la averiguación en el Cenapi y no se ha consignado a un juez para castigar a los responsables”, acusa el papá de Ramón Pérez Román.
Proceso entrevistó a los padres de las víctimas, Ramón Pérez Hernández y Víctor Manuel Chan Uicab, y al abogado Rosendo Valenzuela Martínez, presidente del Movimiento Ciudadano Somos Más.
A la indignación por la tardanza en resolver el doble asesinato se suma una afrenta más: autoridades de la PGR les informaron el pasado 8 de mayo que la dependencia no estaba en condiciones de resolver su caso porque “se había politizado”.
Valenzuela detalla: “Nos reunimos en las oficinas de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) con los ministerios públicos Eduardo Hidalgo Lagos Cobo y Patricia Mateos; nos dijeron que este asunto no se podía resolver dado que ya había tomado un fondo político, que sus jefes no les dieron instrucciones para consignar y si se resolvía el caso de Tabasco “tendrían que hacer lo mismo con las averiguaciones de casos similares que hay en otros estados del país”.
El abogado, que desde el primer momento ha permanecido al lado de los familiares de las víctimas, resalta que estas expresiones fueron atestiguadas también por el director de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Silvano Cantú, y los abogados de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) Giovanna Umelia Garrido Márquez y Érick Martín Salas, quienes los acompañaron a las oficinas de la PGR.
El mismo 8 de mayo los funcionarios notificaron a familiares y abogados que la averiguación AP/PGR/DGCAP/ZSS-XII/205/2010, radicada en la DGCAP el 20 de noviembre de 2010, había sido enviada al Cenapi, dejando el caso “en el limbo”, puntualiza Valenzuela.
En dicha reunión, recuerda, “hasta los abogados de Províctima les dijeron (a Hidalgo Lagos Cobo y Mateos) que era un error enviar la averiguación al Cenapi, que no tiene competencia para hacer investigaciones; los de la PGR no supieron qué decir pero nos recomendaron recurrir a organizaciones civiles de derechos humanos”.
Abogados y familiares exigieron a los funcionarios reparar el procedimiento para que se consignara la averiguación ante un juzgado de distrito y se castigara a los responsables.
“Nos dijeron que el 28 de mayo habría respuesta, pero hasta ahora la situación sigue igual; la averiguación, a la que hasta ahora no nos han dado acceso, está archivada”, insiste el abogado de las víctimas.
El limbo del Cenapi
Creado en 1982 como órgano desconcentrado de la PGR, el Cenapi tiene como atribuciones “el diseño, integración e implementación de sistemas y mecanismos de análisis de información del fenómeno de la delincuencia en sus ámbitos nacional e internacional”, dijo Felipe Calderón en su Cuarto Informe de Gobierno.
Dirigido desde mayo de 2011 por el contralmirante Horacio Fourzán Esperón, el Cenapi forma parte de la estrategia del gobierno de Calderón para “generar y coordinar los sistemas de inteligencia en el gobierno federal”, según describió en su Quinto Informe.
Actualmente tiene los sistemas Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia, Integral de Información contra la Delincuencia Organizada, de Registro de Detenidos así como el Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas y el Centro de Información de Drogas. Nada relacionado con investigaciones a servidores públicos por crímenes contra ciudadanos.
El pasado 14 junio, con el apoyo de los abogados de Províctima y la CMDPDH, los padres de los jóvenes asesinados interpusieron un amparo indirecto contra la DGCAP por su “dilación y omisión” para “pronunciarse con respecto al resultado de la averiguación previa (…), no ha ejercitado la acción penal ante los tribunales (…), se abstiene de ejercitar las funciones de investigación que señala la ley al tiempo que les niega (a los familiares de las víctimas) el acceso a la administración de la justicia y que ésta sea pronta y expedita”.
Hasta ahora, dice Valenzuela, la PGR no ha dado respuesta al Séptimo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, que le dio a la solicitud el registro 8321/2012.
Ejecución y encubrimiento
Las exigencias de justicia por los asesinatos de Víctor Manuel Chan y Ramón Pérez no han cesado desde que ocurrieron las muertes. De 21 y 27 años respectivamente, ambos jóvenes eran apreciados por su comunidad en Jalpa de Méndez. El primero era comerciante, y el segundo, trabajador de empresas contratistas de Pemex.
La noche del sábado 13 de noviembre de 2010 convivían con sus amigos en un negocio de lavado de autos y cerca de medianoche
Víctor Manuel y Ramón se separaron para comprar una botella de licor, cuentan los entrevistados.
Añade don Ramón Pérez: “Minutos después de que salieron nuestros hijos en la camioneta de Víctor, llegó el convoy al lavado de carros. Catearon a todos los muchachos, a algunos los cachetearon y con los perros revisaron los autos y todo el lugar; se fueron los militares y policías y a unos 500 metros, en el entronque hacia la Central Camionera, se toparon con nuestros hijos, y estando estacionada la camioneta, los ejecutaron.
“Cerca del entronque hay un restaurante familiar, había mucha gente afuera, se percataron primero del convoy y después de cómo al llegar al entronque dispararon; nunca hubo un retén como alegaron. Era la una de la mañana del 14 de noviembre.”
El cuerpo de Víctor recibió 30 impactos y el de Ramón 18. Estaban destrozados. “La camioneta quedó como coladera. En las dos reconstrucciones de hechos que hicieron los agentes de la PGR, en las que estuve presente y a las que acudieron representantes de la CNDH, se demostró que los rodearon y les tiraron de todos lados”, acota Valenzuela.
Esa madrugada Víctor Chan Uicab y su esposa Soledad Javier Osorio se trasladaron al entronque donde fueron atacados los muchachos; cientos de personas del pueblo salieron de sus casas para apoyar a los agraviados.
“Los militares tenían acordonado todo, no dejaban pasar a nadie, ni al ministerio público de Jalpa de Méndez. A las seis llegó el forense y luego una ambulancia y se llevaron los cuerpos. Para entonces ya habían manipulado todo, recogido los casquillos –aunque no todos, guardamos algunos– y hasta ya tenían lista una manta para ponerla, como si ellos no hubieran sido los asesinos”, recuerda don Víctor.
Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense de Villahermosa; a los familiares se les negó el acceso para identificarlos.
Sigue don Víctor: “Llevaron los cuerpos a Jalpa a las 10 de la noche a una funeraria y de ahí los querían enterrar sin que nosotros viéramos los cuerpos. Mientras les hacían el embalsamado, nos metimos a la mala y empezamos a grabar con cámara de video los cuerpos. Si no los hubiéramos visto, si no hubiéramos sacado fotografías, hubiera sido un crimen perfecto porque ellos (las autoridades) dijeron que murieron desangrados”.
Al dolor por ver despedazados los cuerpos de sus hijos se sumaron el coraje y la indignación por las declaraciones hechas por el gobernador Andrés Granier, quien afirmó que los jóvenes eran narcotraficantes que habían atacado al convoy.
El 16 de noviembre cientos de personas respondieron a la convocatoria de la familia de los jóvenes acribillados para protestar por los señalamientos de las Fuerzas Armadas y de Granier. “Los muchachos eran queridos por la comunidad, tanto que firmaron cartas de buena conducta y cientos más exigieron que se limpiara el nombre de los muchachos”, retoma el abogado.
El agravio a la honra y buen nombre de los jóvenes fue una más de las violaciones a los derechos humanos que acreditó la CNDH en su recomendación 59/2011, emitida el 28 de octubre del año pasado.
La CNDH documentó que miembros de la Sedena, la Marina y policías estatales dispararon contra la camioneta en la que viajaban los muchachos. El organismo no pudo acreditar la participación directa de los policías federales en la doble ejecución, pues en la reconstrucción de hechos se demostró que la camioneta en la que viajaban estaba lejos del vehículo agredido.
El organismo instruyó a todas las dependencias federales implicadas y al gobierno de Tabasco para que se reparara el daño a las familias, se reconociera el buen nombre de los jóvenes asesinados y se sometiera a los responsables a las sanciones administrativas y penales correspondientes.
Intervención presidencial
El pasado 12 de marzo Chan Uicab y el abogado Valenzuela se colaron a una inauguración de obras de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en Villahermosa, a la que acudió Felipe Calderón, para exponerle su inconformidad por la dilación en las indagatorias y el incumplimiento de la recomendación de la CNDH.
A unos metros del podio donde se encontraba el presidente, Chan sacó una manta exigiendo justicia para los jóvenes acribillados.
Al término del acto, narra Valenzuela, Calderón “se acercó a nosotros, le hablamos de la impunidad en que estaba el doble homicidio. Él pidió el número de averiguación; se lo dimos y don Víctor insistió en su exigencia de justicia. El presidente le dijo que tenía que esperar y yo le reclamé por pedir eso después de más de un año de ocurridos los hechos, cuando según la Constitución la justicia tiene que ser pronta y expedita. Se puso serio y dijo que daría instrucciones a la procuradora”.
Después de ese intercambio de palabras con Calderón, los familiares esperaron inútilmente ser contactados por las autoridades federales; por ello se presentaron el 8 de mayo a las instalaciones de la PGR.
El 2 de junio un vehículo militar llegó a la tienda de Víctor Chan Uicab en Jalpa de Méndez. Un abogado adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar, llamado Jorge David Liborio Amador, se presentó para entregar al agraviado un documento en el que sostenía que de acuerdo con sus indagatorias ningún militar disparó la madrugada del 14 de noviembre de 2010.
Remata don Víctor: “Llegó un licenciado con ese papel; yo le dije que me disculpara pero que cómo se atrevía a decirme que el Ejército no participó en los hechos, si en la recomendación de la CNDH dice claramente que fueron los militares los que dieron las órdenes de recoger los cartuchos, que fueron ellos los que pusieron un arma adentro de la camioneta de mi hijo para incriminarlo.
“El licenciado aceptó que estuvo el Ejército pero insistió en que ellos no dispararon, que se veía en los impactos de bala de la camioneta; yo le respondí que yo no sabía de eso, pero que había una recomendación de la CNDH. Entonces me dijo que si teníamos elementos contra los militares contábamos con un plazo de 10 días para presentar pruebas. Después de más de un año de no saber nada del Ejército, vienen a mi tienda a pedirme pruebas.”
Por la dilación en la consignación de la averiguación previa para sancionar a los culpables y por mantener archivada la indagatoria en el Cenapi, para los entrevistados no cabe duda de que no hay voluntad del gobierno para esclarecer este crimen y otros similares.
“No pudieron ser más claros los funcionarios de la PGR que nos dijeron que si resuelven este caso tendrían que hacer lo mismo con otros; es claro que no quieren que se les vengan en cascada todos estos asuntos que exhiben el fallido plan de combate al crimen organizado del gobierno de Felipe Calderón”, opina Valenzuela
Y para Ramón Pérez Hernández y Víctor Manuel Chan Uicab sólo hay una exigencia, la misma que desde el principio: que se esclarezca la muerte de sus hijos, que sus nombres sean limpiados y que se castigue a todos los que intervinieron en la ejecución.
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