El inicialista de esta ley es
el diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda y fue avalada por sus compañeros
legisladores Marco Antonio Vizcarra Calderón, Francisco Javier Sánchez Corona,
Laurencio Dado Alatorre, Carlos Murguía Mejía y Lizbeth Mata Lozano (presidenta
de la Comisión).
Entre las facultades propuestas
para este Instituto, serán las de: a) establecer y operar un sistema de
ciencias forenses, ordenado por ramas y especialidades; b) crear y administrar
laboratorios de criminalística y, en general, aquéllos que sean necesarios para
realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o
técnico; c) evaluar a los peritos en el Estado que presten servicios de manera
oficial y acreditar a los peritos particulares, y d) auxiliar al Ministerio
Público y al Poder Judicial en la elaboración o, en su caso, la validación de
los dictámenes periciales forenses.
Dicha ley estará compuesta por
siete títulos, conformados por 87 artículos y 5 transitorios; además de que la
misma reformará y derogará diversos ordenamientos legales, como la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la PGJE, el Código de Procedimientos
Civiles y la Ley de Seguridad Pública del Estado.
Aunado
a lo anterior, la nueva
ley aprobada por la Comisión de Justicia pretende desincorporar el
Servicio Médico Forense del Poder Judicial; separar a los peritos de la
estructura
orgánica de la PGJE, lo que conllevará a que el servicio de carrera
pericial
pase a este nuevo Instituto, y hacer posible que el juez civil designe
peritos
del Instituto en tratándose de acciones de investigación de paternidad o
maternidad, así como el avalúo y remate de finca hipotecada.
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