Lo anterior fue
manifestado por el Legislador al recibir en sus oficinas a tres empleadas del
SEP del Estado, las cuales revelaron que luego de que denunciaran las
violaciones laborales de que han sido objeto, lejos de subsanarse, éstas se han
recrudecido en contra de los 26 custodios, hombres y mujeres.
Las empleadas de los
Centros de Reinserción Social (Cereso) del Estado, Herminia Laguna Rodríguez,
Mónica Segura Peinado y María Luisa Tovar Ceballos, señalaron ante el Diputado
Vizcarra que como consecuencia de la denuncia pública que hicieron en el mes de
marzo del presente año, han sido víctimas de una serie de represalias.
Por su parte, el
Diputado Marco Antonio Vizcarra recordó que el pasado día 12 de marzo presentó
un Punto de Acuerdo, el cual fue aprobado por el Pleno de la Asamblea, a efecto
de que las autoridades penitenciarias garantizaran el respeto de los derechos
humanos y laborales de los custodios y demás personal que trabaja en los
Ceresos del Estado.
El llamado se hizo al
propio Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, así como al
Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya y al
Subsecretario del SEP, Jesús Héctor Grijalva Tapia.
Sin embargo, señaló el
Diputado Vizcarra, lejos de tomar las medidas necesarias a fin de garantizar el
respeto a los derechos humanos y laborales de los custodios que acudieron a
solicitar el apoyo de esta Soberanía, “vemos con asombro y decepción que se
actuó en contra de quienes tuvieron la valentía de denunciar las actuaciones de
esos malos funcionarios”.
Sobre el particular, las
mencionadas empleadas relataron que el Director de Centros Penitenciarios,
licenciado Francisco Jiménez, ha girado instrucciones para que las hostiguen
hasta que renuncien voluntariamente.
Pero como no se han
rendido a pesar de las múltiples artimañas de que se han valido, finalmente les
exigieron su renuncia sin dar causales que justifiquen su separación del cargo
que ocupan.
Como ejemplo de lo
anterior, mencionaron que los remueven de una ciudad a otra sin proporcionarles
viáticos, les niegan vacaciones y se ha llegado al extremo de prohibirles a
aquellos que no pertenecen al grupo denunciante, que les dirijan la palabra, so
pena de aplicarles el mismo trato de hostigamiento.
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