Rosarito Informa.-Debido a una serie de irregularidades y el incumplimiento al pago de deudas contraídas tanto con el Issstecali como con empresas privadas, el Congreso del Estado le negó la aprobación del manejo presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal de 2012.
Lo anterior se dio con la aprobación unánime del dictamen número 87 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (CFGP), que preside el diputado Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, el cual fue sometido a debate parlamentario durante la sesión ordinaria correspondiente a este jueves, bajo la conducción del diputado René Mendivil Acosta, presidente de la Mesa Directiva.
El resolutivo del citado dictamen establece que no se aprueba la cuenta pública de ingresos, la de egresos, la patrimonial y la de deuda pública de la Cespe, debido a que la entidad presenta en sus registros contables, al 31 de diciembre de 2012, en la cuenta Deudores por Servicios de Agua, subcuenta “Rezagos” que provienen de los ejercicios de 1992 a 2011 y saldos vencidos por el periodo de enero a noviembre de 2012, por un importe de 243 millones 226 mil pesos.
De estos, 34 millones 609 mil pesos corresponden al Gobierno del Estado; 8 millones 218 mil al Gobierno Federal; 35 millones 727 mil al Gobierno Municipal (de Ensenada), 130 millones 530 mil por servicio doméstico medido, 29 millones 460 mil por servicio comercial medido y 4 millones 679 mil de servicio industria.
Asimismo, a esa fecha presenta saldos con “rezagos” en la cuenta deudores por obra, tomas, descargas y medidores, que ascienden a la cantidad de 64 mdp.
Además, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) reportó el incumplimiento al convenio celebrado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), de fecha 20 de octubre de 2011, por el período comprendido de la segunda catorcena de abril de 2011 a la segunda catorcena de septiembre del mismo año 2011, por un importe total de 17 millones 247 mil pesos.
Otra de las causas por las que no se le aprobaron las cuentas públicas fue el incumplimiento de pago a las empresas Valencia y Valencia Abogados y Laval Tijuana, además de otras muchas irregularidades, por lo que el expediente fue turnado a la a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado, para que en un plazo que no exceda de 60 días, se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se ejerciten las acciones legales a que haya lugar, y las procedentes para el resarcimiento del daño patrimonial que en su caso se hubiese ocasionado.
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