Rosarito Informa.-El gobierno de EU a través del Departamento de Homeland
Security (DHS) investiga a la empresa Sempra Energy, Inc., y funcionarios de
distrito del sur de California por corrupción, tráfico de influencias, lavado
de dinero y crimen organizado.
Una fuente del Homeland Security informó a este diario que
los temas de investigación abarcan a diferentes funcionarios de distrito del
sur de California, entre ellos, fiscales federales, agentes del FBI y personal
del propio Departamento de Homeland Security (DHS), envueltos en una red de
hechos delictivos, en complicidad con la empresa de energía Sempra Energy. Así,
el gobierno ha tomado la determinación de llevar las investigaciones con
personal ajeno al distrito sur de San Diego debido a la significativa cantidad
de oficiales de alto nivel involucrados.
Entre los hechos anormales encontrados está la conducta
sospechosa de la fiscal de Estados Unidos en San Diego, Laura Duffy, quien con
sus resoluciones ha favorecido una red de intereses de personajes ligados a
Sempra Energy y al crimen organizado.
En el año 2011, Sempra Energy fue demandada por su ex
contralor Rodolfo Michelon, por cometer
violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Según el
diario Washington Post, en marzo de 2011 en una evaluación preliminar el FBI
reportaba “que había amplios hechos e indicadores que reflejan que Sempra y sus
ejecutivos podrían haber incurrido en actividades criminales”. Sin embargo,
unos meses después el mismo, FBI presenta un reporte realizado por el bufete de
abogados denominado “Jones Day” para quien trabaja Robert Brewer, contratado
por Sempra Energy, en donde se exonera a dicha empresa, evadiendo su
responsabilidad penal por presuntos sobornos en México.
El informe de marras fue aceptado por la fiscal Laura Duffy,
cerrando la investigación sobre los directivos de Sempra y validado por Charles
LaBella, Deputy Chief of Fraud Division, quien también fue abogado de Sempra
Energy, Inc., junto con Alan Bersin, subsecretario de Homeland Security y
encargado de los asuntos de la frontera en México, quien ha mantenido negocios
con Elorduy Walter, en un proyecto llamado Silicon Border en el Municipio de
Mexicali, como lo publicó este diario el año pasado.
En otro caso, el 24 de octubre del año pasado fue detenido
por policías mexicanos en la ciudad de México el presunto narcotraficante
Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, quien realizó grandes negocios con uno de
los principales promotores de Sempra Energy, el mismo ex gobernador panista de
Baja California Eugenio Elorduy. Sin embargo, 13 días antes -el 11 de octubre-,
la misma fiscal que exoneró a Sempra, Laura Duffy, ordenó un desistimiento que
le retiró los cargos al presunto narcotraficante para evitar ser requerido por
la justicia norteamericana, después de que el gobierno de ese país ofrecía una
recompensa de hasta cinco millones de dólares información sobre su paradero.
El segundo desistimiento por parte de la misma fiscal
norteamericana se produjo a menos de 48 horas del arresto de Aguirre Galindo,
bajo el argumento de que en el caso contra Manuel El Caballo Aguirre Galindo
tiene ya más de 15 años, por lo que "Estados Unidos enfrenta retos que las
evidencias y testigos disponibles no podrían aclarar en torno al caso".
Varias agencias de Investigación norteamericanas han
documentado negocios entre el presunto narcotraficante y Elorduy Walter
mediante la venta de terrenos y autos, pagados en efectivo, como alcalde de
Tijuana en los años noventa y como gobernador panista hasta el año 2000. El caso
más significativo es la venta de una propiedad por parte de Elorduy Walter a
Manuel Aguirre Galindo, que se concretó el 18 de julio de 1985, de una
superficie de 28 mil 589 metros cuadrados, ubicada en el municipio de Tijuana
frente al Océano Pacífico por una cantidad de 60 millones de pesos, la cual fue
revendida por Aguirre Galindo en el año de 1990, por una cantidad de 643
millones de pesos.
Las investigaciones revelan que Elorduy Walter como
gobernador ilegalmente ayudó a Sempra Energy para obtener permisos de operación
y terrenos, despojando a decenas de personas en el estado de Baja California,
para construir una regasificadora en el municipio de Ensenada, teniendo como
una de las principales operadoras de las acciones de dicha empresa a su hija Erika
Elorduy Blackaller.
En el plano de ex funcionarios federales del gobierno
mexicano, las investigaciones del Departamento de Homeland Security resaltan
que Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores,
ilegalmente le otorgó permisos y concesiones a Sempra, sabiendo que era
accionista de la empresa Sempra Energy, Inc., y parte de Consejo de
Administración en EUA.Cometiendo violaciones al FCPA.
Téllez junto con Carlos Ruiz Sacristán habrían defraudado a
tenedores de bonos de IENOVA, empresa de Sempra Energy, ocultando juicios que
pondrían en peligro la operación de la regasificadora, los informes señalan que
han pagado millones a intermediarios jurídicos para que hablen con magistrados,
jueces y ministros ligados al PAN, y han manejado empresas en el extranjero
operando una red de lavado de dinero a través de estas llamadas offshore en
paraísos fiscales.
En los Estados Unidos, Sempra Energy es investigada por el
mismo delito de haber operado empresas offshore que no estaban reportadas al
Departamento del Tesoro, y al SEC “Security & Exchange Commission, quien
reabrió una investigación en abril de este año por corromper autoridades en
México en las dos administraciones tanto de Vicente Fox como de Felipe
Calderón.
Un duro golpe que en los últimos días ha sufrido IENOVA, la
empresa de Sempra en México, es el anuncio del 29 de julio del presente año del
gobierno mexicano del compromiso para establecer una alianza estratégica con
las firmas Mercuria y J.P. Morgan para importar gas natural a México desde
Estados Unidos a un precio mucho más barato al que actualmente suministra
Sempra a la CFE. Este anuncio ha preocupado a los directivos de Sempra y a los
tenedores de la Bolsa de Valores embaucados por los directivos de Sempra y su
socio estratégico Luis Téllez.
Dentro del cúmulo de evidencias se encuentra el
involucramiento de oficiales norteamericanos del FBI, fiscales federales y de
DHS, ex agente y jefe del FBI en San Diego, Daniel Dzwelietzki, quien ahora
trabaja desde 2007 como jefe de seguridad de Sempra Energy y quienes
conspiraron para ocultar y cerrar cualquier investigación en contra de Sempra.
La investigación, que se reveló a este diario, advierte de
depósitos multimillonarios en paraísos fiscales en Antillas Holandesas y ramificaciones por todo el mundo, que podría
convertirse en uno de los casos de corrupción más grande en la historia de EU.
Por las señales que se han empezado a manifestar y la seriedad con que se lleva
a cabo la investigación en Estados Unidos, todo indica que en la administración
del presidente Barack Obama están decididos a actuar con todo el peso de la ley
tratando de establecer un control de daños y evitar en la medida de lo posible
un fuerte impacto en el sistema financiero de ese país.
En las investigaciones también existe un audio, cuyo texto
completo fue entregado al presidente de la Cámara de Diputados, en ese entonces
Jorge Carlos Ramírez Marín, actual secretario de la Sedatu, y que envuelve a
ejecutivos de Sempra encubriendo una serie actos criminales.
Los audios grabados por el ex contralor de Sempra Rodolfo
Michelon, a quien la empresa ha demeritado en varias ocasiones, abarcan a una
serie de ejecutivos envueltos en una red de corrupción para distribuir “maletas
de dinero en efectivo en medio de la noche” y donativos generosos a los
alcaldes de Ensenada y oficiales de los gobiernos panistas.
La red no acaba allí, sino que se extiende a firmas de
abogados y contadores, quienes aceptaron falsear los informes financieros de
Sempra Energy, Inc.
La investigación revela que México ha empezado a tomar
cartas en el asunto de manera bilateral, esperando que EU actué de inmediato
contra quienes no dudaron en violentar la ley y los derechos de los ciudadanos
mexicanos.
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