Rosarito Informa.-Al celebrarse la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo de Playas de Rosarito, Presidente municipal, Regidores, y Síndico tomaron varios acuerdos de trascendencia para la administración gubernamental.
Resalta la aprobación del dictamen que faculta al alcalde Silvano Abarca Macklis para gestionar y contratar con la institución financiera que más convenga, el refinanciamiento de la deuda pública y un crédito adicional por un monto total de 241 millones de pesos.
De acuerdo al reporte del Comité de Financiamiento, la mejor oferta es presentada por el Banco de Desarrollo de América que establece el plan de pagos de 2.7 millones en un periodo de 180 meses a tasa fija, y proponer atractivas comisiones de apertura y gastos por Contrato.
En otros temas se aprobó la condonación del 100 por ciento en recargos por omisión en el pago de utilización de estacionamientos para fines particulares, comúnmente conocido como línea amarilla, buscando así regularizar unas 18 cuentas morosas, estableciendo que quien no regularice a mas tardar a final de año le será revocado el permiso.
Asimismo se autorizó la condonación del 100 por ciento de recargos por omisión del pago oportuno del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles ISABI con límite hasta el 31 de diciembre del presente año, como acción de apoyo al Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la vivienda INDIVI y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra CORETT.
El cabildo aprobó la propuesta para contratar dos cuentas con la Comisión Estatal de Servicios Públicos para dotar de agua para áreas verdes en un predio en el que 120 vecinos trabajan junto al Ayuntamiento en la reforestación del Cañón Morales, mismo que hasta hace unos meses estaba funcionando como basurero clandestino.
Por mayoría se acordó dar respuesta negativa a la solicitud del Gobierno de Baja California para establecer un Fondo de Fomento Municipal mediante el cual se tomaría por cuenta del nivel estatal la recaudación del impuesto predial, a lo que el Presidente Municipal Silvano Abarca argumentó no haber claridad en los términos del mecanismo propuesto, además de atentar contra el principio constitucional de autonomía de los Ayuntamientos.
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