Por Fernando Ruiz del Castillo
Sucio y apestoso.
No es una novedad.
Ni estamos descubriendo el hilo negro ni el agua hervida.
La opacidad, la falta de rendición de cuentas, la transparencia son elementos que no están dentro de las prioridades ni los compromisos del Gobierno de Baja California para con los bajacalifornianos.
Están, si, en el discurso y en la propaganda, pero no en los hechos que es donde cuentan.
Lo hemos comentado en este mismo espacio, repitiendo tal vez lo que muchos otros comentaristas y articulistas lo han venido diciendo desde hace varios años y que tienen que ver con la simulación del Gobierno del Estado y ese organismo inútil llamada Unidad Concentradora de Transparencia del Gobierno del Estado.
El Poder Ejecutivo hace como que le hace con la transparencia y la Unidad Concentradora hace lo mismo…y todavía le da más tiempo para agotar la paciencia del solicitante que, ante el evidente propósito de ocultar información, termina por rendirse y abandonar el objetivo.
No por nada el Gobierno de Baja California ocupa uno de los últimos lugares en la evaluación que el Instituto Mexicano de la Competitividad.
Para ser exactos el lugar 30 de 32 entidades y el Distrito Federal evaluados por dicho organismo ciudadano, en el capítulo denominado Índice de Información Presupuestal 2014.
Muy en ello y con el evidente propósito de desvirtuar dicha información, el Gobierno del Estado difundió ayer a través de su oficina de Comunicación Social, un comunicado en el que destacan el reconocimiento que el banco HSBC hizo al Secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid, por su “excelente manejo de las finanzas públicas de la entidad”.
Pero la realidad demuestra otra cosa.
Independientemente de que la revisión de las cuentas públicas puedan o no arrojar desvíos de recursos o por lo menos, para llamarle de una manera menos ruda, irregularidades administrativas, lo cierto es que el Gobierno de Baja California, la Secretaría de Finanzas, Oficialía Mayor y la oficina de imagen institucional a cargo de Jorge Cornejo Manzo, no pasan una auditoría seria, profesional, objetiva e imparcial.
Un estado donde su secretario de Finanzas, con el apoyo de su Oficial Mayor, adjudica millonarios contratos a empresas de reciente creación para la elaboración de las placas y licencias de conducir, no puede de ninguna manera presumir de privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas.
Un Estado donde el asesor de imagen del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, distribuye a su arbitrio el presupuesto de publicidad privilegiando a amigos, como el piloto Jorge Ceballos a quien le autorizó casi dos millones de pesos así como otras empresas de Tijuana con una cantidad similar para la elaboración de “mantas y pendones”, no puede presumir de claridad.
Un Estado donde la Unidad de Transparencia depende del Poder Ejecutivo y, en consecuencia privilegia la información del patrón, utiliza la Ley para dejar pasar el tiempo, pedir ampliación del término y al final de cuentas emitir un documento incompleto, sin respaldo y en ocasiones repetitivo.
Doy un par de ejemplos:
El 8 de agosto del 2014, con el folio 141600, se solicitó a la Secretaría de Planeación y Finanzas información relacionada con las partidas presupuestales federales asignadas a Baja California, cantidad y avance de ejecución de las mismas.
El día 19 del mismo mes, vía electrónica, se me informa que la solicitud es confusa al confundirse algunos términos y se piden precisiones, advirtiendo que el plazo expira el 27 de agosto.
El 22 del mismo mes se respondió que aunque considerábamos que la solicitud y las preguntas eran claras, todavía intentamos darle mayor precisión.
El 8 de septiembre, un mes después de la primera solicitud la Unidad Concentradora de Transparencia del Gobierno de Baja California solicita de nuevo una ampliación al plazo para responder dado que Finanzas estaba recopilando la información.
Finalmente, el 24 de septiembre pudimos entrar de nuevo al sistema de la unidad de marras para revisar la respuesta pero, después de varios intentos, desplegarse una ventana en la que aparecía la leyenda: “El reporte o no existe o no cuenta con suficientes derechos”.
Segundo ejemplo: El mismo 8 de agosto pedimos la información relacionada con los resultados del programa “Borrón y cuenta nueva”, asignándonos el folio 141601. De igual manera fue hasta el 5 de septiembre cuando, después de un periodo de ampliación, se nos envió un reporte con lo que quisieron y mejor les acomodaba. Pero eso será motivo de otro comentario.
El asunto aquí es que el Poder Ejecutivo de Baja California insiste en presumir una transparencia que está muy lejos de cumplir.
El informe del IMCO es contundente pues coloca a Baja California en el lugar 30, sólo por encima de Guanajuato y Michoacán que ocupan el penúltimo y último espacio, respectivamente.
La información presupuestal con la que menos se cumple se refiere a los recursos otorgados para: servicios personales, situación de la deuda pública y sus condiciones de contratación y subsidios, fideicomisos, gastos en comunicación social, programas y/o apoyos al campo.
En cuanto a las malas prácticas de información presupuestal, el IMCO señala con respecto a Baja California que en un documento de 316 páginas no se puede utilizar el buscador, hay poca legibilidad, el Periódico oficial no está disponible y no cumple la estructura de contabilidad gubernamental.
En síntesis pues, en Baja California la transparencia gubernamental no existe. Al contrario, es un pantano sucio y apestoso en el que los cochis se revuelcan y salpican impunemente.
NADIE SABE…NADIE SUPO
Pues resulta que el pasado viernes se reportó una gran movilización por rumbos de la avenida Vicente Guerrero, entre K y L, precisamente por donde tiene su residencia la procuradora Perla del Socorro Ibarra. Testigos de los hechos aseguran que se trataba de varios elementos de la Procuraduría General de la República que desde un par de noches antes mantenían vigilancia estrecha en ese sector y quienes ese viernes, alrededor de las 20:00 horas, cerraron la circulación en esa cuadra y hasta apagaron las luces mercuriales en un operativo por demás espectacular e impresionante. Estos testigos aseguran que los federales tenían como objetivo la casa de la funcionaria estatal quien, momentos antes, había comparecido ante el Congreso del Estado. Sin embargo, otras fuentes confirmaron que el operativo existió, que hubo una gran movilización pero que el objetivo era realizar cateos a varios domicilios en los que aparentemente existía documentación relacionada con un alto exfuncionario de la Comisión Federal de Electricidad, originario de esta ciudad, que formaba parte de una averiguación previa por un mega fraude contra la paraestatal. De hecho, al menos tres casas más en diversos puntos de la ciudad fueron cateadas por los federales en busca de evidencias documentales. Habrá pues que esperar noticias.
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