Rosarito Informa.-La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLyPC) del Congreso del Estado, que preside el diputado perredista Roberto Dávalos Flores, aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma que tiene como finalidad establecer que el funcionario de gobierno presunto responsable de una falta administrativa, tenga derecho a ser asistido por un defensor particular o público.
El inicialista es el legislador Dávalos Flores, quien en la exposición de motivos explicó que su propuesta de modificar el artículo 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California (LRSPBC), se debe a que muchos de estos trabajadores, principalmente quienes ganan poco salario, han perdido sus fuentes de empleo por no contar con una defensa adecuada que los asista cuando se les cita como presuntos responsables de un delito.
Aclaró que es un firme convencido de que a todo servidor público que viole la LRSPBC, se le debe aplicar las sanciones conforme a lo que marca dicha ley.
Mencionó que su iniciativa va en el sentido de que “no debemos pasar por alto que está de por medio el recurso de subsistencia del trabajador, el sustento familiar de una persona a la que se le puede imponer, como sanción, desde la amonestación hasta una destitución o inhabilitación de su trabajo, perjudicándolo en caso de no llevar una defensa adecuada, no solamente a él sino también a los hijos, a la pareja, padres, etcétera.”
Por último, argumentó lo siguiente: “Con esta reforma se atendería la armonización de la ley al principio pro persona para adecuar la legislación local respetando los derechos humanos de los individuos, toda vez que la reforma constitucional en esta materia, que entró en vigor en junio de 2011, obliga al Estado mexicano a proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales”.
Por otro lado, los legisladores integrantes de la CGLyPC avalaron la minuta enviada por el Senado de la República, por la que se reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo segundo de la Constitución Política federal, en materia de derechos políticos electorales de las mujeres indígenas.
Dicha reforma pretende fortalecer los mecanismos de protección, acceso y ejercicio pleno de los derechos político electorales de los ciudadanos, particularmente las mujeres, que por su calidad étnica o de pertenencia a un pueblo o comunidad indígena, no se les permite obtener puestos de mando debido a usos y costumbres.
Durante la reunión de la Comisión de Gobernación de la XXI Legislatura local, estuvieron presentes los diputados Roberto Dávalos Flores, presidente; Olimpo Hernández Bojórquez, secretario; y los vocales Cuauhtémoc Cardona Benavides, Felipe de Jesús Mayoral Mayoral y Miriam Ayón Castro.
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