Rosarito Informa.-Bajo la premisa de que se ha comprobado que el endeudamiento bajo el esquema de inversión pública-productiva, no ha cumplido con el objetivo de impulsar el mejoramiento y calidad de vida de la colectividad, se promueven reformas tajantes a la Ley de Deuda Pública de Baja California, señaló la Diputada Nereida Fuentes González.
Es imperativo que en la legislación del Estado, en el apartado relativo a la deuda pública se retome el espíritu establecido por la Carta Magna en lo tocante a la conceptualización de Inversión Pública Productiva, con la finalidad de propiciar con ello, que se realice un ejercicio responsable del financiamiento público, dijo.
En suma, propuso la Congresista Nereida Fuentes, que se defina en la citada Ley, las atribuciones que se contemplen dentro de las solicitudes de deuda pública, por lo cual hizo la solicitud ante el Pleno del Congreso del Estado, para que se emita un decreto de reforma al Artículo 2 en su Fracción VIII, para quedar de la siguiente manera: “Inversiones Públicas Productivas: Las destinadas a la ejecución de obras de infraestructura y a la adquisición o manufactura de bienes muebles e inmuebles, siempre que en forma directa o indirecta generen ingresos públicos y/o ahorros en el gasto corriente y/o produzcan elevar el nivel de vida de la ciudadanía; asimismo, las que se destinen a la atención de situaciones de emergencia derivadas de desastres naturales, antropogénicos o contingencias climatológicas declaradas por la autoridad competente que de no ser atendidas oportunamente generarían mayores contingencias”.
Con ello, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos que actualmente presentan excesivo endeudamiento, deberán ajustarse a los lineamientos de la Ley de Deuda Pública, ya que no podrán utilizar por ningún motivo los empréstitos para cubrir el gasto corriente o contratar deuda pública para dicha finalidad, lo que con la reforma queda expresamente prohibido.
En su exposición, la Diputada Nereida Fuentes señaló: “en este sentido, resulta indispensable acotar dentro del rubro de Inversión Pública Productiva, la realización de obras y servicios públicos que impulsen la actividad económica regional y urbana, propiciándose con ello el crecimiento de la economía local, dejando fuera de dicho concepto los empréstitos que tengan como objetivo el saneamiento financiero, toda vez que ello ha repercutido de manera negativa en las finanzas públicas, advirtiéndose que los préstamos solicitados se han venido destinando a saldar pasivos de los entes públicos, lo cual desvirtúa el objetivo de los financiamientos públicos”.
Como datos adicionales, la Legisladora Fuentes González aportó que desde el 31 de diciembre de 2012 a la fecha, se han autorizado al Estado y Municipios la cantidad total de $8,255,379,261 (Ocho mil doscientos cincuenta y cinco millones trescientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y un pesos) por concepto de deuda pública destinada a saneamiento financiero.
La mayor cantidad de ello, pertenecen al Gobierno del Estado, por lo que al finalizar la pasada administración de José Guadalupe Osuna Millán, quedó una exorbitante deuda superior a los 7 mil 284 millones de pesos y actualmente la deuda ha crecido en poco más de una año del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, a 9 mil 865 millones, lo que representa un 35% más en relación a la administración anterior, pero en un solo un año.
Es por eso que urge reformar la Ley en la materia, para evitar que se siga endeudando a la Entidad y que esas inversiones no vayan directamente al rubro de obras y adquisición de bienes muebles e inmuebles o atención a contingencias; eliminando definitivamente las inversiones al saneamiento financiero, concluyó.
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