Rosarito Informa.-El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la XXI Legislatura, diputado Alberto Martínez Carrillo, presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa para reformar el artículo 341 del Código Penal de Baja California, con la finalidad de que se identifiquen plenamente como sujetos activos de los delitos contra el medio ambiente a los concesionarios, técnicos o encargados de centros de verificación, y que sean sujetos a sanciones cuando el caso lo amerite.
La idea central de la reforma es que ellos también puedan ser sancionados por cualquier práctica deshonesta que atente contra el medio ambiente.
El representante popular mencionó que a pesar de los esfuerzos legislativos, la situación ambiental, sobre todo de Mexicali y Tijuana, se encuentra en un punto crítico, de tal forma que estas dos ciudades están ubicadas entre las 10 más contaminadas del país en cuanto a contaminantes provenientes, principalmente, por vehículos en circulación.
“La contaminación tiene graves consecuencias y necesitamos modificar nuestros hábitos, reduciendo con ello nuestra huella ecológica, ya que las causas y efectos que nos benefician o dañan son globales. Los ecosistemas en el mundo están interrelacionados y no existe alguno que esté aislado y realice sus funciones de manera autosuficiente”, señaló.
El legislador Alberto Martínez Carrillo resaltó que es necesario diseñar, desarrollar y ejecutar acciones que se traduzcan en políticas públicas que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual se logre mejorar la calidad del aire, la salud pública y por lo tanto calidad de vida de los bajacalifornianos.
Resaltó que “el programa de verificación vehicular que la Secretaría de Protección al ambiente implementa, representa una opción necesaria que coadyuva con lograr el objetivo, sin embargo, en la realidad no funciona del todo bien, por lo que es importante establecer los mecanismos legales preventivos que aseguren el correcto funcionamiento del servicio que se brinda a la ciudadanía por parte de los concesionarios, sus responsables o técnicos que operan los centros de verificación vehicular, ya que tenemos conocimiento que en ocasiones el procedimiento no es el adecuado y se cae en la corrupción, pidiendo dadivas en efectivo para poder aprobar la prueba de verificación”.
Explicó, además, que actualmente en 18 entidades federativas del país se aplica la verificación vehicular, y en 5 de ellas -Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Veracruz- sus respectivos códigos penales señalan directa y explícitamente la aplicación de sanciones con años de cárcel y días multa a los responsables, propietarios o técnicos de los centros de verificación vehicular, que no operen de una manera adecuada y se presten a la corrupción.
“Lo que se busca en concreto, es que el Estado tenga y aplique mano dura con los concesionarios, técnicos y encargados de los centros de verificación vehicular que realicen prácticas corruptas y simulen actos que inciden en un daño al medio ambiente”, declaró.
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