Se trata de una reforma al artículo 9 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en donde se califican
como atenuantes las omisiones o el hacerse "de la vista gorda" cuando
se presenten irregularidades en el manejo del erario público.
Además, se podría sancionar a aquellas autoridades que
eviten castigar o "traten de salvar" a los funcionarios que
incurrieron en causas de juicio político.
"Los bajacalifornianos están cansados de esas
situaciones y por eso desde la XXI legislatura considero que debemos fortalecer
este tema y que no se presenten casos como en el pasado", señaló López
Regalado.
La legisladora recordó situaciones en donde se ha intentado
iniciar el procedimiento de juicio político o llamar a cuentas a un funcionario
y citó los casos concretos del anterior alcalde de Mexicali y el Síndico de
Tijuana, respectivamente, los cuales no rindieron frutos.
Con la reforma, dijo, los presidentes municipales, síndicos
procuradores y diputados locales, entre otros, que incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales,
pueden hacerse acreedores a la sanción que conlleva el juicio político y que
implementa el Congreso del Estado, pero también se podría castigar a diputados,
por ejemplo, que ante las evidencias no den marcha a dicha sanción.
El documento fue turnado a la comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales para que sea discutido, analizado y
posteriormente dictaminado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario